La situación que viven los migrantes nicaragüenses, especialmente en Costa Rica, fue calificada este sábado como “muy difícil” por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en el marco del Día Internacional del Migrante.
“En Costa Rica la situación socio-humanitaria y económica que viven los nicaragüenses es muy difícil, personas que viven en las calles, sin acceso a empleo o a salud, física o mental”, dijo el abogado del colectivo, Braulio Abarca, en un conversatorio telemático sobre derechos humanos.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), más de 108.000 nicaragüenses abandonaron su país entre 2018 y 2020, a raíz de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.
A juicio de Abarca, un problema de muchos nicaragüenses que salen de su país es que deben hacerlo de forma irregular para evitar ser capturados por las autoridades o que estas les decomisen sus documentos de identidad, lo que repercute en que solamente el 11 % de los solicitantes de refugio en Costa Rica tenga empleo formal.
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La xenofobia es uno de los principales problemas que enfrentan los nicaragüenses en Costa Rica, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por abrirles las puertas, según el colectivo.
“Un uber me bajó (del automóvil) al escuchar que yo era nicaragüense”, afirmó Heyling Marenco, integrante de la organización de mujeres migrantes Las Volcánicas.
Según Marenco, la situación de las mujeres migrantes es “doblemente difícil” porque están expuestas “a la explotación laboral y sexual”, sumado a la violencia machista, que ha cobrado la vida de al menos siete de ellas, afirmó.
ABOGAN POR MIGRANTES
“A veces quieren explotarte porque saben que no tenés otra opción. Yo la única opción que tengo es estar aquí, si voy a Nicaragua me puede pasar cualquier cosa. No venimos para quitarle el trabajo a las personas, sino porque necesitamos vivir”, agregó Marenco.
Carlos Rodríguez, delegado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela, recordó que “todos los países receptores deben respetar los derechos humanos de los migrantes”, así como “prevenir y reparar las violaciones”, además de actuar sobre la base de la “igualdad ante la ley y no discriminación”.
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Por su parte el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) instó “a la comunidad internacional a garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes”.
El Cenidh señaló que los nicaragüenses “han sido forzados a huir y a buscar asilo a causa de la persecución y las violaciones de derechos humanos por parte del régimen Ortega Murillo”.
Según la organización Nicaragüenses en el Mundo (NEEM), en 2021 la cantidad de migrantes originarios de Nicaragua pudo haber duplicado los registros de Acnur, en el marco de las elecciones del 7 de noviembre pasado, en las que el presidente Daniel Ortega logró ser reelegido, en un proceso cuya legitimidad fue rechazada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y otra parte de la comunidad internacional.
Antes de 2018 la diáspora de Nicaragua estaba compuesta por cerca de un millón de personas, principalmente en Costa Rica y Estados Unidos, que empezaron a migrar a fines del siglo pasado.