Este martes, 14 de diciembre, el Parlamento Europeo abordará la situación de Nicaragua, tras las cuestionadas elecciones presidenciales en el país. La nueva resolución, que se votará días después, pide a los Estados miembros y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que abran una investigación formal, a través de la Corte Penal Internacional (CPI), contra el Estado de Nicaragua y Daniel Ortega por crímenes contra la humanidad.
La petición se basa en el Estatuto de Roma, que no ha sido ratificado Nicaragua. En la resolución del Parlamento Europeo también se pide la liberación «inmediata e incondicional» de los presos políticos, la anulación de los procesos judiciales y una prueba de vida de todos los reos de conciencia.
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El empresario Leonardo Torres habría caído en desgracia con el régimen de Daniel Ortega, perdiendo la personería jurídica de la universidad y la asociación empresarial que dirigía.
El 13 de septiembre, la Asamblea Nacional discutió, con trámite de urgencia, la cancelación de la Universidad Hispanoamericana (UHISPAM) y del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), la que fue aprobada con 84 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones.
El régimen argumentó que la Junta Directiva de ambas asociaciones se encuentra acéfala, además, no han reportado sus estados financieros al año 2020 ni han presentado convenios que definan claramente sus fuentes de financiamiento.
Semanas anteriores también se conoció que, al empresario aliado de Ortega, le fue prohibida la salida del país. Este día también fue despojada de su personería jurídica la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (Fideg), que preside el economista y empresario Alejandro Martínez Cuenca.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «el cierre ilegal» del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, instalaciones que ahora son ocupadas como un centro de entrenamiento militar por el régimen de Nicaragua.
La exdirectora del instituto, Haydée Castillo, demandó «la restitución no solo de la infraestructura, sino también de la posibilidad de seguir trabajando», luego de la arremetida de la dictadura que provocó el exilio forzoso del equipo. El defensor de la organización, Gonzalo Carrión, denunció que el régimen “demuele” a las oenegés para que no lo fiscalicen.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, en una fotografía de archivo. EFE/Salvatore di Nolfi
El próximo martes, 14 de diciembre, la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al Nashif, informará al Consejo de Derechos Humanos una actualización oral sobre la situación en Nicaragua.
El informe será presentado durante una sesión especial dedicada al país. En la víspera, la Oficina Regional del Alto Comisionado (OACNUDH) compartió, a través de Twitter, el detalle de los casos documentados de violaciones a los derechos humanos durante el proceso electoral de noviembre.
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Tanto el organismo como La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han condenado la falta de garantías a los derechos y libertades en el contexto de las votaciones de Daniel Ortega y han hecho un llamado al régimen para que restablezca las condiciones que conduzcan a unas elecciones libres y justas, que deben ser definidas a través de un diálogo inclusivo y constructivo con todos los sectores de la sociedad.
El organismo Hagamos Democracia sostuvo un encuentro virtual con grupos de exiliados nicaragüenses, quienes afirmaron que las graves y constantes violaciones a los derechos humanos ejecutadas por el régimen de Daniel Ortega son la prueba fehaciente para «deslegitimar las votaciones del siete de noviembre».
En el conversatorio, las organizaciones denunciaron que la jornada electoral desarrolló otra etapa de represión y criminalización a quienes difieren y compiten contra el Frente Sandinista, «tomando de evidencia las noches de miedo que se vivió días antes durante y después de las elecciones, donde se denunció la detención de más de 26 ciudadanos nicaragüenses».