El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció este miércoles sanciones contra dos funcionarios de El Salvador por corrupción durante “negociaciones secretas” del presidente Nayib Bukele con la Mara Salvatrucha (MS-13).
Los designados son los directores de Centros Penales, Osiris Luna, y de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín.
“El Tesoro seguirá desmantelando de manera agresiva los vínculos entre las organizaciones criminales y la actividad corrupta, especialmente de aquellos en cargos que cuentan con la confianza de los ciudadanos”, señaló Andrea M. Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés).
La nota subrayó que Luna y Marroquín “dirigieron, facilitaron y organizaron” una serie de encuentros con líderes de la pandilla encarcelados, como parte de los esfuerzos del Gobierno salvadoreño para negociar “una tregua secreta” con los jefes de la MS-13.
En esas reuniones, ambos funcionarios buscaron garantías por parte de esa pandilla y Barrio 18 para asegurar que la violencia se reducía y el número de homicidios se mantenía bajo, así como su respaldo para el partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas (NI).
Como parte del acuerdo, el Gobierno salvadoreño brindó diversos privilegios a los pandilleros encarcelados en las prisiones del país, como la entrega de teléfonos celulares y prostitutas.
Noticia relacionada: Investigación periodística revela pacto del gobierno Bukele con las maras de El Salvador
Las informaciones fueron reportadas en un primer momento por el periódico digital El Faro.
En paralelo, Luna diseñó un sistema para el desvío de alimentos comprados por el Gobierno de Bukele y destinados para los afectados por la pandemia, y que luego eran revendidos en el mercado privado, en un mecanismo el que también participaba su madre, Alma Yanira Meza.
El Departamento del Tesoro acusa a Luna, además, de “malversar” millones de dólares del sistema de prisiones de El Salvador y crear puestos de trabajo “fraudulentos” cuyos salarios le eran devueltos.
Como consecuencia de las sanciones, quedan congelados los activos que estos individuos puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se les prohíbe hacer transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses.
