Durante la 51 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la situación de Nicaragua fue el tema clave entre los estados miembros. La crisis sociopolítica y los resultados de la «farsa electoral» del siete de noviembre acapararon la atención de las delegaciones. Al menos ocho países impulsaron un proyecto de resolución ante la situación. Ante esto, Ministro Asesor de Ortega, Michael René Campbell, pidió a la OEA que «deje de entrometerse en los asuntos» de su nación.
Campbell, repitiendo el discurso del régimen de Daniel Ortega, llamó a que se respete la «soberanía de su país», alegando que los otros Estados promueven el injerencismo. El portavoz de la dictadura abogó porque el proyecto que aborda la crítica situación de Nicaragua sea removido. En el escrito se plantea la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en virtud del cual se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no da resultados.
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«Queremos reiterar que en Nicaragua votan los nicaragüenses y eso merece respeto», dijo el Ministro. Un total de 40 excancilleres de América Latina, entre ellos los mexicanos Jorge Castañeda y Bernardo Sepúlveda, pidieron a la Asamblea General desconocer la reelección de Ortega, y evaluar suspender al país del bloque si no hay nuevos comicios.
El régimen de Nicaragua ha solicitado ante la comunidad internacional que respeten su soberanía en referencia a los reciente comicios realizados en el país los cuales los demás países han cuestionado por «carecer de legitimidad» al no cumplir con los estándares internacionales a los que Nicaragua se ve sujeta mediante acuerdos adquiridos.
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Luego de estas votaciones controversiales en Nicaragua las sanciones podrían agravarse para el régimen de Daniel Ortega. El 10 de noviembre, día en el que se dieron a conocer los resultados generales de las votaciones en las cuales el Consejo Supremo Electoral (CSE) ratificó como ganador con un 75.87% a la dictadura, el presidente de Estados Unidos firmó la Ley Renacer la cual facilitará más sanciones a Ortega y limitaría el financiamiento exterior.
La Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021 (Renacer, por sus siglas en inglés), también restringe «los préstamos bancarios multilaterales y combatir la corrupción del régimen», informó la Casa Blanca.
