El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este miércoles, 10 de noviembre, la Ley de Reforzamiento del Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua, conocida como Ley Renacer. La estampa del mandatario se hizo efectiva tan solo tres días después de la «farsa electoral» promovida por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Tras la aprobación de la Ley Renacer, una iniciativa de congresistas estadounidenses demócratas y republicanos, se incrementarán las sanciones contra la dictadura Ortega-Murillo.
La Ley Renacer fue creada para ejercer más presión al régimen de Daniel Ortega con la imposición de sanciones específicas para promover elecciones libres y justas en Nicaragua. También se revisará la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta).
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Esta nueva herramienta de la administración norteamericana incluye sanciones económicas enfocadas para funcionarios del régimen, familiares del dictador, miembros de la Policía y fuerzas armadas; funcionarios del Consejo Supremo Electoral; miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y familiares; personas y entidades afiliadas a negocios involucrados en transacciones financieras corruptas con funcionarios de Gobierno, partido o familia y personas identificadas como involucradas en actos significativos de corrupción pública en Nicaragua.
Dicha ley ordena un monitoreo a «la corrupción del gobierno del presidente Daniel Ortega y la de su familia, así como los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses». La normativa también requiere que el gobierno estadounidense aumente sanciones contra los actores claves del régimen de Ortega y expanda la coordinación con los gobiernos de Canadá y la Unión Europea.
Renacer Act igualmente ordena la fiscalización de fondos provenientes de organismos multilaterales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además de incluir a Nicaragua en la lista de países centroamericanos sujetos a restricción de visas relacionadas con la corrupción.