El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) registró 52 agresiones de prensa en el contexto de las elecciones generales celebradas el pasado domingo en el país, informó este miércoles la organización.
Entre el 25 de octubre y el 7 de noviembre pasados, el denominado Observatorio de Agresiones a la Libertad de Prensa Independiente de Nicaragua del PCIN recibió la denuncia de 52 periodistas en su quehacer profesional, según el informe.
De esas 52 agresiones, 17 fueron a periodistas de medios de comunicación por intentar ingresar a los centros de votación, cinco de ellas cometidas en contra de mujeres periodistas, que incluyó acoso, agresión física, asedio y censura.
“En el 100 % de los centros de votación donde se identificó a equipos periodísticos de medios de comunicación independientes, fueron fotografiados y captados en vídeo” por el personal cargo de esos colegios, indicó.
El periodista Wilmer Benavides, de Artículo 66, fue empujado y golpeado por guardaespaldas de la presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Brenda Rocha, cuando le consultó sobre la poca asistencia de la ciudadanía a las urnas y la existencia de presos políticos.
Horas antes, Benavides reportó en su cuenta de Twitter que un agente de policía le pidió la identificación del medio independiente donde labora y le hizo fotografías sin dar explicación alguna.
OCHO “DESPLAZAMIENTOS FORZADOS”
Asimismo, el PCIN reportó ocho “desplazamientos forzados” de periodistas en 48 horas, incluido tres “exilios forzados” en el marco del contexto electoral.
También reportó cuatro casos de robo de bienes y equipos, entre ellos teléfonos móviles, cámara fotográfica y una motocicleta.
Además, la detención temporal de dos periodistas, “quienes fueron víctimas de abuso de poder al ser obligados a usar uniforme presidiario, toma de huellas dactilares sin investigación previa y robo de equipos”.
Ese gremio también reportó dos allanamientos policiales en casa de periodistas, cuyos nombres no identificó, la persecución contra otros 10 comunicadores, y “amenazas cuando los periodistas se movilizaban a diferentes puntos”.
Por otro lado, denunció que los periodistas que se encuentran en el exilio recibieron amenazas a través de redes sociales por parte de simpatizantes del Gobierno, y que las mismas fueron extensivas a sus familiares en Nicaragua.
En ese sentido, el gremio organizado en PCIN reportó “acoso cibernético con expresiones de discriminación, homofobia, y estigmatización por orientación sexual”, así como tres “ciber asedios a periodistas en el exilio y ataque cibernético a una plataforma informativa”.
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PROHIBICIÓN A PRENSA EXTRANJERA
Además, subrayó que siete equipos del gremio de prensa internacional denunciaron públicamente haber sido impedidos para ingresar al país para brindar cobertura a las elecciones.
“Sin embargo, conocemos más casos no denunciados por seguridad”, agregó.
El PCIN sostuvo que el “operativo de intimidar a la prensa independiente data de meses atrás” y que, producto del incremento de “los asedios a una semana antes de las votaciones, el régimen logró inmovilizar equipos de periodistas que decidieron no salir de sus casas para no exponerse”.
El lunes pasado, el presidente Daniel Ortega dijo que no permitió el ingreso a periodistas “de las grandes corporaciones, que ya sabemos a quién les pertenecen, les pertenecen a los imperios” y que tuvieron “el valor, los sinvergüenzas, de decir que quieren venir a cubrir las elecciones”.
“Si nos viven echando maldiciones y quieren entrar a cubrir las elecciones. Ya sabemos, son empleados de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esos no entran aquí”, remarcó.
Nicaragua eligió el domingo pasado a un presidente y un vicepresidente, 20 diputados ante la Asamblea Nacional, y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.
En esos comicios, Ortega, que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez Nicaragua de 1985 a 1990, se impuso en ausencia de oposición después de que en los últimos meses fueran arrestados siete aspirantes a la Presidencia que se perfilaban como sus principales contendientes y tras la disolución de tres partidos políticos.
Ese proceso no ha logrado el reconocimiento de la mayoría de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos y la Unión Europea (UE).