República Dominicana enfatizó que el proceso electoral en Nicaragua del siete de noviembre careció de las garantías mínimas necesarias para «calificarlo como justo, libre y competitivo»; por lo tanto el Gobierno de Luis Abinader rechazó «el simulacro electoral» realizado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano señaló que previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias en Nicaragua el contexto «se vio marcado por las detenciones de numerosos e importantes líderes de la oposición y de movimientos sociales nicaragüenses, el quebrantamiento de la institucionalidad, así como restricciones injustificadas contra los medios de comunicación y la sociedad civil».
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«El gobierno dominicano no puede callar ante situaciones que atenten contra los pilares básicos de la democracia, cuya razón de ser es precisamente asegurar que las luchas políticas se den en el marco del respeto al Estado de derecho y las garantías necesarias para la vigencia de las libertades fundamentales», aseveró Santo Domingo.
La administración de Abinader le remarcó al gobierno de Ortega que conforme al artículo uno de la Carta Democrática Interamericana «la democracia es un derecho consagrado de los pueblos americanos y una obligación de todos los Estados promoverla y defenderla; y como reza su artículo cinco, el fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia».
República Dominicana se sumó a la demanda unísona de los ciudadanos nicaragüenses y de la comunidad internacional, quienes le reiteraron al régimen Ortega-Murillo «poner en libertad a los presos políticos y tomar las acciones apropiadas para el retorno al sendero de la democracia».
Asimismo, en el comunicado hacen «un llamado a las autoridades a colocar en primer lugar el interés de Nicaragua y a trabajar para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos».
«Los países del continente deben adoptar, en el marco de las normas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), todas las acciones necesarias para proteger la democracia nicaragüense, generando un espacio de diálogo político que permita el retorno a la constitucionalidad democrática», planteó el gobierno de Abinader.
El pronunciamiento de Santo Domingo se da luego que el Consejo Supremo Electoral (CSE) anunciara en su segundo informe provisional como ganador al partido Frente Sandinista con un 75.92 % de votos.
La Unión Europea, España, Estados Unidos, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Reino Unido, Alemania, Holanda, Panamá, Chile, Suiza, Costa Rica, Perú y ahora República Dominicana han expresado su rechazo al proceso y han adelantado su no reconocimiento a Daniel Ortega. Desconocen el proceso y lo declaran ilegítimo.
