Canadá, uno de los países que ha encabezados las sanciones contra el régimen de Nicaragua, se unió al rechazo de las cuestionadas elecciones de Daniel Ortega, con las que pretende asegurar su cuarto periodo. La nación norteamericana denuncia la decapitación de los actores políticos primordiales a quienes el régimen ha encarcelado e inhibido a los partidos de oposición yendo a la contienda con los llamados «partidos zancudos».
La ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Canadá, Mélanie Joly, afirmó que «al reprimir a opositores políticos, medios de comunicación independientes y la sociedad civil, el régimen de Ortega ha socavado el proceso electoral de Nicaragua». Además, destacó que «la libertad de prensa y la participación de todos los actores políticos son primordiales en unas elecciones democráticas. Apoyamos al pueblo nicaragüense» remarcó.
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La funcionaria del gobierno de Justin Trudeau insistió en que el régimen a través de su represión contra los opositores y las libertades públicas «ha comprometido el proceso electoral de Nicaragua». Los Ortega Murillo han emprendido una cacería en contra de opositores durante el periodo electoral, lo que ha llevado a la comunidad internacional a prestar especial atención a lo que sucede y tomar acciones de conformidad con las leyes.
Canadá se ha unido al paquete de sanciones aplicado a los Ortega-Murillo junto a Estados Unidos y la Unión Europea. Con la aprobación de la Ley Renacer, las sanciones podrían aumentar como una nueva forma de «monitorear, informar y abordar la corrupción del gobierno de Daniel Ortega y la de su familia».
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El país norteamericano aplicó sanciones durante el mes de julio a 15 funcionarios de la dictadura, incluyendo ministros, asesores presidenciales, diputados, altos jefes de la Policía Nacional, y la hija de la pareja presidencial, Camila Ortega Murillo. Estas sanciones fueron aplicadas como una condena a las continuas violaciones a los derechos humanos cometidos en Nicaragua por parte de la pareja presidencial.
Opositores han asegurado que las acciones en contra de Ortega podrían aumentar luego de las elecciones sean declaradas ilegítimas por «no presentar las mínimas garantías» para ser un proceso confiable ante la comunidad internacional, pues se realizarán con presos políticos, persecución a opositores y sin observación internacional confiable.
