El más reciente informe del grupo Urnas Abiertas desnuda el «plan doloso para acabar con la democracia» que puso en marcha la dictadura de Daniel y Rosario Murillo para las elecciones presidenciales en Nicaragua y perpetuarse en el poder por cinco años más, continuando con la dinastía familiar.
«El desarrollo ilegal y fraudulento del proceso en su conjunto impide toda posibilidad de que los comicios del siete de noviembre próximo puedan conducir a un resultado que refleje la libre expresión de la voluntad popular. En consecuencia, estas elecciones deben considerarse viciadas de origen y, por tanto, ilegítimas», apunta el informe del organismo presentado este 27 de octubre.
Urnas Abiertas reveló que al menos el 20 % de los ciudadanos aptos para ejercer su derecho al sufragio universal en estas elecciones nacionales 2021, fueron eliminados del Padrón Electoral porque la lista final del CSE no refleja el crecimiento habitual de 100 mil votantes por año. Para este 2021, los aptos para votar son 4 millones 478 mil 334, una cifra mucho menor que los 5 millones 95 mil 747 personas convocadas en las generales de 2017.
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«Las cifras del CSE no han podido ser contrastadas por organizaciones civiles independientes como en años anteriores y los niveles de violencia política impidieron la observación libre e independiente en los Centros de Votación. Este proceso se desarrolló entre la confusión generada por más de 1 mil 100 centros de votación bajo un absoluto control del partido gobierno, sin mecanismos homogéneos para la verificación y las medidas necesarias para evitar el contagio de la COVID-19», señala el informe.
El organismo denuncia la aplicación del «ratón loco» a más de 1 millón de votantes principalmente por la supresión 1 mil 100 Centros de Votación (CV) en los departamentos de Managua, Jinotega, Matagalpa, las tres principales plazas del país donde se concentra el 36% de electores en las votaciones de 2017. Los ciudadanos serán enviados a CV lejanos a sus domicilios. Esa táctica es usada por el régimen desde las municipales del 2008, la primera elección bajo el primer mandato de Ortega.
Ortega afianzó su control sobre el CSE
El organismo señala que el régimen de Ortega y Murillo afianzó su control sobre los Centros Electorales Departamentales (CED) y Centros Electorales Regionales /Municipales (CED) y las Juntas Receptoras de Votos al limitar la designación de sus autoridades a los partidos que hayan obtenido el primer y segundo lugar en la última elección general.
«En un contexto marcado por violacion a los derechos humanos no hay indicio de respeto y se han registrado una serie de acciones como persecución, despidos y amenazas contra trabajadores del Estado», afirma Urnas Abiertas.
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Se han registrado 928 irregularidades en 103 de los 153 municipios del país lo que representa en 67 % del territorio nacional. Esta cifra incluye el uso de recursos del Estado para propaganda política en todos los departamentos del país, estas acciones incluyen a 23 instituciones públicas, en expresa violación a la Ley 331, Ley Electoral de Nicaragua.
Nuevas elecciones o proceso ilegítimo
«Desde mucho antes de iniciado el período electoral hubo una continuidad en la persecución de personas opositoras al Gobierno, entre las que destacan aspirantes a candidaturas, periodistas, líderes sociales y personas naturales, en general opositoras», recoge el documento.
El informe aclara que esta persecución contra la oposición se ha desarrollado de «manera sistemática desde el estallido social de abril de 2018, prolongándose e intensificándose en el tiempo, mediante el uso de la maquinaria represiva del régimen y del financiamiento de la Policía».
También señala el uso de los justicia para emprender una persecución judicial como estrategia represiva contra candidatos, organizaciones políticas, integrantes de partidos y movimientos y la sociedad en general.
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El documento alerta sobre un posible «apagón informativo» por la persecución del régimen contra la prensa independiente, el cierre de medios de comunicación y el exilio de decenas de periodistas por temor a ser encarcelados.
Urnas Abiertas recomienda al régimen la suspensión y reprogramación de las elecciones, que sean convocadas y organizadas conforme los principios internacionales como observación internacional; el cese de la represión; libertad de todos los presos políticos; el cese del hostigamiento a medios de comunicación y periodistas; verdaderas reformas electorales y el restablecimiento del orden constitucional.
«De no producirse un giro hacia la plena garantía de los derechos humanos y la integridad electoral a través de la reprogramación de nuevas elecciones, se hace un llamado a la comunidad internacional a desconocer el resultado de las elecciones», finaliza el documento.