La Policía orteguista emitió su repetitivo comunicado, usado para «acusar a opositores», para alegar que la detención del presidente de la Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, y del vicepresidente Álvaro Vargas, se debe a un proceso investigativo por «lavado de dinero» y por realizar «actos que menoscaban la independencia, la soberanía e incitar a la injerencia extranjera».
Al igual que la mayoría de opositores detenidos se les ha aplicado la Ley 1055 conocida como «Ley de Soberanía». Los señalan además de pedir intervenciones militares. La institución al servicio del régimen añadió que «remitirá a los investigados a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinación de las responsabilidades penales».
Healy fue citado el día miércoles, 20 de octubre, por la Fiscalía para presentarse este jueves a «entrevista». A su llegada evitó dar declaraciones a los medios de comunicación presentes en la entrada de la institución. También se mostró renuente a ser fotografiado y a su salida fue custodiado por policías motorizados y un auto particular, quienes minutos después decidieron detenerlo arbitrariamente.
Álvaro Vargas también tendría que comparecer ante el Ministerio Público en horas de la tarde, pero el anuncio de su detención llegó antes. La empresa privada había guardado silencio hasta el día de hoy en referencia a las acciones represivas del régimen de Daniel Ortega hacia los opositores.
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Los Ortega-Murillo han emprendido una cacería en contra de opositores en un año de elecciones y a solo 16 días de realizarse los comicios el régimen continúa apresando a opositores. Actualmente, se encuentran más de 150 detenidos de la dictadura entre ellos aspirantes presidenciales, empresarios, exguerrilleros sandinistas, defensores de derechos humanos, periodistas y activistas.
Esta reanudación de detenciones y citatorias a la Fiscalía llegan un día después de que la Organización de Estados Americanos emitiera una resolución que demanda la liberación de los presos políticos y condenara la represión emprendida en Nicaragua de parte de la dictadura.