Por cuarto año consecutivo, el régimen Ortega-Murillo prohibió la elaboración y venta de morteros, carga cerrada de vara y bombas «mata suegra». En 2018, cuando el país estaba en pleno auge de las protestas sociales contra la dictadura nicaragüense, fue la primera vez que la Policía prohibió la fabricación de los morteros, usados por los estudiantes en las barricadas improvisadas que colocaron en los recintos universitarios y barrios cercanos.
Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), Universidad Politécnica (Upoli), Universidad Nacional Agraria (UNA) y otras sedes en los departamentos, usaban este artefacto explosivo para defenderse de las balas de la Policía y paramilitares que intentaban sofocar las protestas estudiantiles que demandaban la liberación de los presos políticos, justicia para los asesinados y democracia para Nicaragua.
Fabricantes artesanales han denunciado en años anteriores que esta decisión de la dictadura de Daniel Ortega es una «arbitrariedad política» porque la prohibición no tiene justificación alguna, ya que antes de la crisis de 2018 no había ninguna restricción a los productos que elaboran.
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El exatrincherado de la UNAN-Managua y sobreviviente del ataque a la Divina Misericordia, Ninja Ryuk, escribió en su cuenta de Twitter que «es súper absurdo que se prohíba la elaboración de morteros. El gobierno sandinista le tiene miedo al pueblo y el sonido de la explosión le recuerda (a Ortega y Murillo) los morteros que fueron usados en las trincheras por los estudiantes para defenderse de su Policía asesina».
Por su parte, Alexa Zamora, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB); dijo que la medida es una interpretación antojadiza de Ortega y Murillo sobre las leyes que regulan el uso de la pólvora.
«Esto es una interpretación extensiva y un poco antojadiza con respecto lo que establece la normativa nacional (sobre artefactos explosivos). Esto atiende a una contradicción a lo que ha sido el uso tradicional de la pólvora y fuegos artificiales como parte de muchas celebraciones y del imaginario cultural en Nicaragua», señaló Zamora.
Dicha prohibición es parte del «plan de regulación para el comercio de pólvora» durante las fiestas de fin año que realiza la Policía de la dictadura en conjunto con Bomberos Unificados, Alcaldías Municipales y el Sistema Nacional de Prevención de Desastres (Sinapred).
Durante las protestas sociales, organismos internacionales de derechos humanos documentaron que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad, se usó a fuerzas paraestatales para sofocar el levantamiento popular y todos los crímenes continúan en la impunidad.
