Los opositores a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo solicitaron a la Unión Europea (UE) que incluya a nuevos funcionarios orteguistas en la lista de sancionados por el bloque. La petición surge tras la ampliación por un año de las restricciones de la UE a 14 operadores políticos de la dictadura de Nicaragua. El Consejo Europeo decidió prorrogar el plazo de las sanciones por un año más hasta el 15 de octubre de 2022.
Luis Fley, presidente de la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), aseguró que le «alegra» la decisión del Consejo Europeo de mantener la sanciones a los operarios de la dictadura y pidió a los países europeos que designen a otros funcionarios orteguistas de la dictadura.
«Nos alegramos que se mantengan y pedimos que se amplíen, porque solo de esa manera podremos lograr que Daniel Ortega ceda. Esperamos que se mantengan por tiempo indefinido hasta que en Nicaragua tengamos democracia, paz, justicia, elecciones limpias, libres y transparentes», enfatizó Fley.
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Alexa Zamora, coordinadora rotativa de la Coalición Nacional, explicó que la extensión de la vigencia de estas sanciones evidencia la falta de cumplimento del régimen Ortega-Murillo de las solicitudes y compromisos, a nivel internacional, en materia de democracia y derechos humanos.
«Es una consecuencia necesaria para ejercer presión sobre la situación que vivimos actualmente en Nicaragua. El régimen, lejos de demostrar voluntad de una salida democrática, pacífica y dialogada de la crisis sociopolítica que vivimos, ha incrementado los niveles de represión contra la oposición y la misma ciudadanía, por tanto es necesario este paso que ha tomado la Unión Europea de prolongar la vigencia de las sanciones», enfatizó Zamora.
Luis Fley, desde el exilio, manifestó que la comunidad internacional debe de mantener estas sanciones y ampliarlas al círculo de poder del régimen por las violaciones a los derechos humanos, por coartar la libertad de expresión y las libertades públicas del pueblo nicaragüense.
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El régimen de sanciones lo impuso la UE en octubre de 2019 contra personas y entidades «responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o por la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua», así como contra quienes llevaran a cabo «políticas o actividades que socavaran la democracia y el Estado de derecho».
A los sancionados les fueron congelados sus activos, no pueden acceder a fondos en la UE y no pueden viajar a territorio comunitario. La UE ha reiterado que un diálogo inclusivo y la democracia en Nicaragua «es la única manera de salir de la crisis política, económica y social».
Artículo 66 intentó conocer la posición sobre este tema de los candidatos presidenciales Gerson Gutiérrez Gasparín de la Alianza por la República (Apre) y Walter Espinoza del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), al cierre de esta edición ambos candidatos no habían contestado nuestras consultas.
Otro político que también decidió callar sobre este tema fue el exdiputado Alfredo César Aguirre, presidente del extinto Partido Conservador (PC), alegó que estaba en una reunión virtual y que no podía atendernos.
