El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó este viernes a varias organizaciones civiles por pedir al Fondo Monetario Internacional (FMI) que imponga como condición la reversión de polémicas decisiones para alcanzar un acuerdo económico por 1.400 millones de dólares.
“O regresan a gobernar nuestro país o prefieren quebrarlo. ¿Y nuestro pueblo? Eso no les importa”, publicó Bukele en Twitter y acusó a las organizaciones de defender a los partidos de oposición, sin compartir pruebas.
Añadió: “Ahora que se descubrió que eran lo mismo y que todo era negociado bajo la mesa, ya no les da vergüenza salir juntos”.
Fueron al menos 11 organizaciones las que enviaron una carta al Departamento del Hemisferio Occidental del FMI para pedir que se condicione el acuerdo financiero.
En marzo pasado se conoció que El Salvador busca con el FMI un acuerdo económico por hasta 1.400 millones de dólares, conversaciones que se mantuvieron a pesar de las polémicas internacionales que se han generado en el país.
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Las organizaciones piden que la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, restituya a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema cesados el 1 de mayo, una acción señalada por la comunidad internacional como un golpe a la independencia de poderes.
En lugar de los magistrados destituidos, a los que Bukele criticaba constantemente por sus fallos, se nombraron a 5 abogados, entre ellos un exasesor del Gobierno y un abogado del director de la Policía Nacional Civil (PNC).
La comunidad internacional criticó estas acciones y Estados Unidos ha señalado que estos magistrados son “leales” al Ejecutivo.
También pidieron que se derogue el decreto legislativo con el que se destituyó al fiscal Raúl Melara y que permitió el nombramiento de Rodolfo Delgado, quien también fue abogado del jefe de la Policía y asesor de un banco estatal.
Otra de las condiciones que pidieron que se impongan es la derogación de una reforma a la Ley de la Carrera Judicial que cesó a cientos de jueces sexagenarios y que sean reinstalados.
Además, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) “declare expresamente que la reelección presidencial inmediata está prohibida por la Constitución”.
La magistrados cuestionados de la Sala de lo Constitucional avalaron la reelección presidencial inmediata al cambiar un criterio adoptado en 2014, que establecía un plazo de 10 años de espera.
Esto permitiría a Bukele buscar la reelección en 2024 y no en 2034.
“Se ha solicitado que tales condiciones sean ‘ex ante’, es decir que deben ser cumplidas previo a cualquier desembolso al Gobierno de El Salvador”, apuntaron en un comunicado.
También llamaron a Estados Unidos y los demás países con representantes en el directorio del FMI, que “comparten valores democráticos”, a que “en el ejercicio de sus mandatos en el FMI consideren la defensa de la democracia en El Salvador”.
Entre las organizaciones se encuentran Acción Ciudadana, Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
