En el primer semestre de 2021 Venezuela registró 102 muertes violentas de adultos mayores, de acuerdo con el informe Vejez en Riesgo presentado este viernes por la ONG del país caribeño Convite, que se dedica a la promoción de los derechos sociales.
“Venezuela es uno de los peores países para envejecer y estos datos lo demuestran. Los datos del informe Vejez en Riesgo serán elevados a instancias internacionales”, indicó la directora de proyectos de la organización, Francelia Ruiz, en la presentación virtual del informe.
Del total de fallecidos registrados, 45, es decir el 44 %, fueron clasificados como muertes violentas por asfixia mecánica, armas blancas, armas de fuego y golpes, teniendo como principal móvil el robo; otras 8 fueron por responsabilidad del Estado por casos como inanición o tratos crueles por parte de funcionarios de seguridad.
También documentaron 14 fallecidos por descuidos, negligencia o impericia, siendo la causa más recurrente “el arrollamiento, que ocasionó la muerte de 13 adultos mayores”.
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Homicidios bajo impunidad
Además, 35 personas mayores perdieron la vida “violentamente”, las cuales 7 se suicidaron, 24 por diferentes tipo de accidentes y 4, “en situaciones desconocidas o no identificadas”.
Además, el 66 % de los fallecidos eran hombres y el 34 % eran mujeres, con una edad media conjunta de 68 años. Convite registró que el 23 % de los adultos mayores muertos estaban en el rango de edad comprendido entre los 71 y 80 años. Asimismo, solo en el 26 % de los casos registrados se identificaron, capturaron e imputaron a los presuntos victimarios.
“La gran mayoría de estos homicidios permanecen impunes. De esta forma, se profundiza la situación de violencia y se viola el derecho a la justicia para las familias de las víctimas”, explicó la organización.
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La ONG señaló que, de acuerdo con diferentes convenciones y acuerdos internacionales, el Estado tiene responsabilidad en la mayoría de estos decesos, porque está obligado a “proteger, cuidar y mantener las condiciones materiales de vida que eviten la exposición anticipada al riesgo de morir de las personas mayores”.
“Sus responsabilidades abarcan desde la garantía del derecho a la vida y a la integridad, hasta el ejercicio pleno de todos los demás derechos humanos”, ratificó.
Igualmente, indicó que en la nación caribeña el proceso de envejecimiento poblacional se está dando entre la pobreza, la desigualdad, discriminación, incertidumbre y “migración forzada”.
Por eso, exhortaron al Estado venezolano a implementar políticas y normas dirigidas a este grupo.
