Los familiares de los presos políticos, por medio de una campaña en redes sociales, están denunciando las torturas que realiza la Policía subordinada a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a los 37 líderes opositores detenidos arbitrariamente desde mayo 2021.
«#LesEstánMatando», así le denominaron a esta iniciativa que impulsan desde el 16 de septiembre 2021 por medio de plataformas digitales. Con esta acción, los parientes de los reos de la dictadura demandan a la Dirección de Auxilio Judicial el cese a la tortura, que se les brinde condiciones mínimas en la cárcel a los prisioneros políticos y que les permitan visitas a sus parientes, en las cárceles de «El Nuevo Chipote».
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Asimismo, señalan que «la situación de antes de las breves visitas se mantiene igual, en El Chipote solo nos han recibido agua, y excepcionalmente alguna otra bebida». Además, se mantienen en alerta constante debido a la precariedad en la que se encuentran los rehenes de los Ortega-Murillo, la mayoría de ellos han bajado de peso, han sido sometidos a torturas psicológicas y a otros se les han agudizado sus problemas de salud.
Con la campaña, solicitan al Estado de Nicaragua que a los reos de conciencia se les respete sus derechos humanos, establezcan un calendario de visitas, visitas privadas con sus abogados defensores, que reciban un tiempo de alimentos por parte de sus familias, cese del aislamiento e interrogatorios, que permitan el ingreso de frazadas para el frío, entrega de paquetería con objetos básicos y necesario en régimen carcelario como ropa y artículos de aseo personal, salida al sol por 20 minutos al día y que las audiencias sean públicas con familiares y medios de comunicación presentes.
Agregan que «continuaremos con nuestra demanda colectiva de libertad y de respeto a los derechos humanos de todos nuestros familiares, así como las garantías del debido proceso».
La dictadura Ortega-Murillo hace caso omiso a las peticiones de los familiares de los rehenes políticos, mientras que la justicia orteguista celebra audiencias judiciales contra los detenidos, con base en argumentos falsos y sin evidencias reales, lo que han calificado como «una clara violación a los derechos humanos».