Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), denunció en su cuenta de Twitter que «en Nicaragua la represión no para» respecto a los «juicios políticos» que está ordenando el Ministerio Público subordinado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra los 37 recientes opositores detenidos en el contexto electoral.
Abrão formó parte de la delegación que el organismo de derechos humanos envió a Nicaragua en medio de las protestas sociales de 2018. Durante su visita, recibió centenares de denuncias de ciudadanos víctimas de la represión gubernamental. En ese momento, ya habían decenas de asesinados a causa de la violencia que ejercían los parapolicías en conjunto con la Policía Nacional.
Noticia relacionada: Envían a juicio político a la abogada María Oviedo, acusada por «conspirar y difundir noticias falsas»
El experto brasileño en derechos humanos acompañó su declaración con una nota donde se evidencian los más recientes juicios políticos impuestos contra Juan Lorenza Holmann, Alex Hernández, Róger Reyes y Noel Vidaurre. La Fiscalía orteguista continúa acusando a los opositores rehenes de la dictadura por «conspiración» y ha remitido «su causa a juicio», debido a eso, la autoridad procederá a presentar pruebas, alegatos, peritajes, testimonios, etcétera, para dar un fallo definitivo. A los detenidos ni siquiera se les permite tener reuniones con sus abogados y las audiencias se están celebrando desde la prisión.
El 23 de septiembre, los familiares de presos políticos en el contexto electoral alertaron con «angustia y urgencia» sobre el riesgo inminente de «daños irreversibles a la integridad física y psicológica» de los más de 30 opositores que permanecen arrestados en «El Nuevo Chipote». La dictadura se ha negado a permitirles visitas de sus parientes y abogados.
Por otra parte, el Ministerio Público indica sin argumentos que «en todo momento ha respetado los derechos constitucionales de las personas acusadas, investigadas y entrevistadas; a velado por la calidad y objetividad de la investigación así como de las acusaciones y continuará contribuyendo a mantener la seguridad y el respeto de las normas de convivencia pacífica».
Noticia relacionada: Directivo de La Prensa y tres opositores enfrentarán «juicio político» ordenado por la Fiscalía orteguista
En cambio, en un documento, los familiares demandaron al Estado de Nicaragua, al Poder Judicial y a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) que se respeten los derechos humanos de los presos políticos, que establezcan un calendario de visitas, visitas privadas con sus abogados defensores, que reciban un tiempo de alimentos por parte de sus familias, cese del aislamiento e interrogatorios, que permitan el ingreso de frazadas para el frío, entrega de paquetería con objetos básicos y necesario en régimen carcelario como ropa y artículos de aseo personal, salida al sol por 20 minutos al día y que las audiencias sean públicas con familiares y medios de comunicación presentes.
Actualmente, hay 37 recientes rehenes políticos capturados desde mayo 2021, que fueron detenidos arbitrariamente sin orden judicial por agentes de la policía y se encuentran cautivos en «El Nuevo Chipote». Asimismo, hay más 140 reos de conciencia que el régimen mantiene en las cárceles.