La red de Monitoreo Azul y Blanco, en su informe semanal, comprendido del 13 al 19 de septiembre, refleja 17 incidentes relacionados con las violaciones a derechos humanos entre Nicaragua y Costa Rica.
La plataforma señala que en siete días se «reportaron hechos de hostigamiento en contra de personas opositoras y se registró la negación de brindar permiso de salida extraordinaria a una persona presa política ante el fallecimiento de su mamá».
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Max Jerez, líder estudiantil y miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), fue la persona a quién la autoridad judicial no le concedió el permiso de despedirse de su madre cuando estaba en su lecho de muerte, y tampoco le permitieron asistir a su entierro cuando murió.
Por otra parte, el Monitoreo Azul y Blanco indica que durante la semana se reportaron «dos víctimas mortales, una de ellas en Nicaragua y otra en Costa Rica quien se encontraba en el exilio» y además, el grupo puntualiza que «de manera similar en Costa Rica se reportó el atentando en contra de otro exiliado a quien sujetos desconocidos le dispararon desde un vehículo».
La organización independiente muestra que los incidentes reportados durante la semana del 13 al 19 de septiembre fueron por: agresión (2), lesión o herida (1), amenazas (2), hostigamiento (7), detención (1), retención (3), incidente de judicialización (1), torturas y tratos crueles (1), muertes (2) y violencia de género (2).
El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, bajo un contexto electoral, ha elevado la persecución política, hostigamiento, represión hacia los opositores; mientras que los rehenes de la dictadura son sometidos a «juicios políticos» y torturas psicológicas por parte de los agentes oficiales en el «Nuevo Chipote».
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Los familiares de presos políticos alertaron con «angustia y urgencia» sobre el riesgo inminente de «daños irreversibles a la integridad física y psicológica» de los más de 30 opositores que permanecen arrestados en «El Nuevo Chipote». La dictadura se ha negado a permitirles visitas de sus parientes y abogados.
En un documento, los familiares demandan al Estado de Nicaragua, Poder Judicial y la Dirección de Auxilio Judicial que mientras no sean liberados, que se respeten sus derechos humanos, que establezcan un calendario de visitas, visitas privadas con sus abogados defensores, que reciban un tiempo de alimentos por parte de sus familias y el cese del aislamiento e interrogatorios.