El representante de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Carlos José Argüello Gómez, acusó al Gobierno de Colombia de «ignorar y violar los derechos» de Managua al desafiar la autoridad de La Haya en el diferendo marítimo entre ambas naciones.
Colombia y Nicaragua mantienen una disputa marítima desde el 2001. En ese año Managua llevó a Bogotá ante la CIJ y 11 años después, en 2012 logró que se le concedieran decenas de miles de kilómetros cuadrados de aguas que antes pertenecían al país suramericano.
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«La negativa de Colombia a cumplir la sentencia y respetar los derechos de Nicaragua en el Mar Caribe se ha mantenido sistemáticamente hasta el día de hoy; se trata de un desafío abierto a la autoridad de la Corte», resaltó Argüello en la apertura de las audiencias sobre diferendos marítimos entre Bogotá y Managua.
El conflicto no acabó con la sentencia de la CIJ. Nicaragua llevó nuevamente a Colombia en 2013 porque consideró que Bogotá no acató la decisión de la Corte y en 2016 los magistrados del máximo órgano judicial de Naciones Unidas se declararon competentes para juzgar estos diferendos, aunque el país suramericano dijo, en ese momento, que La Haya no lo era en ese tipo de asuntos.
El presidente de Colombia, Iván Duque, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Augusto Cardona
Al día de hoy Colombia todavía no acepta que Nicaragua tenga áreas marítimas al este del meridiano 82, según Argüello. Explicó que Bogotá ha convocado a un referendo para decidir si aceptan o no el fallo de la CIJ.
Este conflicto marítimo podría determinar los derechos de los dos paíse en una zona de 75 mil kilómetros cuadrados en el Mar Caribe, utilizado para pesca artesanal e industrial. Según medios internacionales, la zona en disputa también es usado por grupos criminales para traficar drogas hacia Centroamérica.
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«Las circunstancias actuales son ciertamente “especiales” ya que las máximas autoridades de Colombia han manifestado reiteradamente, incluso en vísperas de estas audiencias, que no darán cumplimiento a la sentencia de la Corte. Entonces, la cuestión sería determinar cuál sería una garantía adecuada. Estamos a la espera de saber cómo piensa Colombia que se puede confiar en el cumplimiento de la sentencia de la Corte por su parte», enfatizó Argüello.
Nicaragua incluirá en sus peticiones finales una solicitud de que la Corte permanezca disponible hasta que sea evidente que Colombia ha cumplido con la sentencia y respete los derechos de Nicaragua.
