La Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) en conjunto con la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunciaron ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la grave crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua. Los organismos expusieron sobre la persecución en contra de organizaciones de la sociedad civil y defensores, llevando ante esa instancia el caso de la abogada María Oviedo, quien forma parte de los nuevos presos políticos del régimen Ortega-Murillo en el contexto electoral.
Las entidades denunciaron que Oviedo se encuentra detenida desde el 29 de julio, enfrentando cargos por «conspiración para cometer el menoscabo a la integridad nacional». Aseguran que esta detención es un acto de «represalia por acompañar y defender a las víctimas de violaciones de derechos humanos, a las que ahora ella misma se ve sometida».
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En el documento informativo sobre la ponencia, la CPDH recalca que las organizaciones en defensa de los derechos humanos en Nicaragua se encuentran sometidas a intimidación y acoso constante por parte de las autoridades policiales, fiscales y grupos paraestatales, quienes amenazan a los abogados y a las víctimas.
Resaltan que el régimen Ortega-Murillo ha respondido a los constantes llamados a respetar y proteger los derechos humanos con «impunidad, más represión, y la suspensión total del Estado de Derecho».
Los organismos alertan sobre la persistencia de las violaciones a los derechos con una persecución que se ha facilitado para el régimen desde la adopción de leyes que restringen drásticamente las libertades y derechos, las cuales, mencionan, violan las propias obligaciones nacionales e internacionales ratificadas por Nicaragua.
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«Desde la última actualización oral de la Alta Comisionada al Consejo en junio (2021), la campaña de persecución política se ha acelerado: más de 30 personas, de todos los sectores, han sido detenidas, sometidas a extensos períodos de investigación e incomunicación y violaciones flagrantes al debido proceso», denuncia el documento dirigido a las Naciones Unidas.
Ante esto, catalogan la situación de alarmante e instan a que el régimen de Nicaragua libere de inmediato a las personas «detenidas injustamente» y que implemente las recomendaciones formuladas por la Oficina de la Alta Comisionada y la resolución número 46.
Llaman al Consejo a seguir utilizando los compromisos firmados por Nicaragua para demandar el cese de las violaciones de derechos humanos y la rendición de cuentas sobre las violaciones del derecho a la vida, la libertad e integridad, las que han incrementado desde abril de 2018.