Daniel Ortega y Rosario Murillo diseñaron un plan para eliminar cualquier competencia de cara a los eventuales comicios generales del siete de noviembre de 2021. Los partidos que no cedieron a colaborar con el oficialismo pagaron un costo alto. El régimen armó su tablero y puso las fichas a su conveniencia para volver a alzar nuevamente las manos y atornillarse por cinco años más en la silla presidencial de Nicaragua. El que no accedió a ser parte de su juego recibió cárcel, amenazas, exilio y otros hasta se quedaron sin personalidad jurídica.
En ese contexto electoral se acusó a una treintena de opositores, líderes sociales, campesinos, estudiantes, defensores de derechos humanos, periodistas, exdiplomáticos y aspirantes presidenciales que se disputarían la candidatura para derrotar a Ortega en las urnas.
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Uno de los abogados del equipo de defensores de presos políticos dijo, al medio Confidencial, que es categórico en afirmar que lo que sucede con los reos de conciencia se trata de «criminalizaciones excepcionales e inéditas en nuestra historia»; otro especialista agregó que el régimen está «torciendo» la ley.
Las audiencias de garantías constitucionales, preliminar, inicial y de ampliación de acusación, se han realizado en las instalaciones del Complejo Policial Evaristo Vásquez, conocido como «El Nuevo Chipote», esta situación es uno de los principales argumentos de los defensores de reos políticos para solicitar a la judicial que desestimen los procesos porque la audiencia no se estaba llevando a cabo en un juzgado, en clara violación a la Ley.
«Que la dictadura los muestre», la nueva campaña por la liberación de los nuevos 33 presos políticos. Foto: Artículo 66 / Cortesía, UNAB
«No hay antecedentes históricos de procesos judiciales dentro de una cárcel. Es una muestra del abuso de poder y de la subordinación del Poder Judicial al aparato policial. Están aplicando las exclusiones propias de un Estado de emergencia sin haberlo declarado. Si no hay Estado de emergencia declarado, deben funcionar todos los derechos y garantías”, explicó una de las fuentes que pidió el anonimato para evitar represalias.
Lo que dejó atónitos a los defensores fue la respuesta de los judiciales cuando les dijeron que: «(los) Juzgados son ellos y que donde estén ellos (los jueces), ahí está el juzgado. Y como son jueces de distrito con competencia en todo el departamento de Managua, pueden estar en cualquier lugar y constituirse como jueces, y celebrar las audiencias respectivas».
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La doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), fue abogada de presos políticos en la época de la dictadura somocista y asegura que nunca vio «audiencias secretas dentro de una cárcel» y que esa práctica de Ortega es «aberrante». «Los jueces están cometiendo el delito de abuso de autoridad y están actuando también contra ley expresa, que deja claro que los tribunales deben actuar en su propia sede», explicó Núñez.
«Ese argumento que están dando los jueces de que los juzgados son ellos y que donde vayan ellos va el juzgado, simplemente es una aberración jurídica. Es un acto de coacción para los testigos, los defensores y los propios imputados. Ya solo eso, desde la perspectiva de los derechos humanos, viola las garantías del debido proceso», añadió.
«Yo nunca estuve presente en mis tiempos de litigante y defensora de presos políticos en un proceso que se haya llevado a cabo en la cárcel, ni recuerdo haber conocido de uno. Ni en la cárcel 21 de León o el Hormiguero en Managua. Siempre llevaban a los presos a los juzgados», recuerda Núñez.
En el tiempo de la dictadura somocista, Núñez asegura que ella podía hablar con sus defendidos antes de ser llevados a juicio, pero el régimen orteguista solo permite que los reos de conciencia vean a sus abogados en el momento de la audiencia. En ese tiempo, los procesos se realizaban en La Tribuna, un sitio cerca de las cárceles de Somoza, era un lugar accesible a la calle y los familiares podían estar afuera del lugar o incluso protestar cuando se celebraba el juicio.
