El jefe de la delegación del Gobierno de Venezuela en los diálogos con la oposición, Jorge Rodríguez, informó este martes que han decidido incorporar a su equipo de negociación al empresario Alex Saab, presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro detenido en Cabo Verde desde junio de 2020.
“(El equipo) quiere informar a la opinión pública la decisión de incorporar al diplomático venezolano Alex Saab como miembro pleno de esta delegación, de la delegación del Gobierno bolivariano”, dijo Rodríguez en una declaración en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que también preside.
El empresario de origen colombiano fue detenido cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, respondiendo así a una petición de EE.UU. cursada a través de Interpol, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto, y posteriormente fue designado como diplomático por Venezuela.
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Tras su detención, Venezuela insistió en que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se hallaba “en tránsito” en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela”.
Supuesto fraude de 350 millones de dólares
El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano.
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Saab, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, guarda relación con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción.
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con estos comités, cuyas ayudas se entregan a los más desfavorecidos, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se habrían lucrado con “cientos de millones de dólares”.
Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
