Después de la virulenta carta enviada por la Cancillería nicaragüense al embajador mexicano Gustavo Cabrera, por un retuit a la respuesta del escritor Sergio Ramírez tras la acusación por conspiración e incitar al odio y la violencia, el diplomático le contestó a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y explicó que eso «no son acciones injerencistas, ni tienen intención de generar conflicto alguno».
El representante del gobierno mexicano había compartido un vídeo de dos minutos de Ramírez Mercado donde se defendía de los señalamientos del régimen por recibir fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Fundación Luisa Mercado, misma que organiza el Festival Centroamérica Cuenta.
En la misiva del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, la viceministra Arlette Marenco usa un lenguaje muy parecido al de la vocera gubernamental Rosario Murillo, cargado de adjetivos ofensivos muy poco diplomáticos.
«Nunca hemos denunciado o comentado la violencia, crímenes y violaciones a los derechos humanos, que, según organismos y personajes mediáticos, ocurren en México, todos los días. Con el mensaje que usted ha difundido hoy en Nicaragua, usted y el Gobierno de México se colocan en una posición injerencista y entrometida, cumpliéndoles sumisa y fielmente a los yanquis, sirviéndoles en el rol que tristemente han venido ustedes asumiendo, de interventores permanentes en nuestros asuntos propios, por encargo del imperio», enfatiza.
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«Es lamentable el papel de miseria cultural, histórica y política, que hoy juega México, cuando creíamos que esa miseria y mezquindad humana, esa desgracia, se acababa con el neoliberalismo e iniciaba un ciclo de entendimiento y respeto, con el nuevo Gobierno del que usted forma parte», señala la viceministra.
En días pasados, la maquinaria sandinista criminalizó un “retuit” del periodista Miguel Mendoza, a quien la dictadura enjuicia por el delito de “menoscabo a la integridad nacional”, por compartir una declaración de la congresista norteamericana María Elvira Salazar, criticando la actuación del gobierno en el encarcelamiento contra la exdirectora de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro, y contra el académico Arturo Cruz.