19 familiares de los 35 presos políticos cautivos en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua realizaron este martes, siete de septiembre, una conferencia de prensa virtual en la que denunciaron la crítica situación que viven los opositores tras más de dos meses de encarcelamiento.
«Familiares de personas presas políticas secuestradas desde mayo 2021 y que hasta el 30 de agosto estuvieron en situación de desaparición forzada, compartimos con el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional, que la semana pasada finalmente recibieron su derecho tardío a visita…», dicta parte del comunicado que emitieron los parientes de los actuales «rehenes» del régimen ortega-Murillo.
Entre las situaciones que denunciaron tras la primera visita es que los actuales presos políticos presentan deterioro físico, «que se traduce en pérdida extrema y acelerada de peso (perdiendo entre 12 y 36 libras), enfermedades gastrointestinales debido a la mala alimentación lo que les ha llevado a un estado de desnutrición severa, palidez extrema, ya que muchos no tienen acceso al sol y a quienes si se les ha permitido, es solo una vez por semana».
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Además, refieren que algunos de sus familiares padecen enfermedades crónicas preexistentes y podrían desarrollar nuevas afectaciones en su salud, lo que pone en riesgo su vida.
Otra de la situaciones que los presos políticos revelaron a sus familiares y que estos califican como torturas es que las luces de las celdas donde se encuentran permanecen encendidas las 24 horas del día. Además, son sometidos a exhaustivos interrogatorios a cualquier hora. «Esto les tiene en un constante estado de alerta, negando su derecho al descanso», señalaron.
En cuanto a la condición de salud y atención médica mencionaron que existe un desorden en la administración de los medicamentos, porque los presos políticos que padecen enfermedades crónicas no tienen certeza de las pastillas que se les entregan, «ya que van sin nombre ni etiqueta, e incluso se ha logrado identificar sobremedicación».
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También destacaron que la justicia orteguista ha iniciado audiencias judiciales contra sus familiares, con base en argumentos falsos y sin evidencias reales, lo que califican como una clara violación a los derechos humanos de los rehenes. Reprochan también el cambio de sitio de la realización de las audiencias, que pasaron, de los juzgados, la Dirección de Auxilio Judicial en Managua.
«Los procesos son espurios y sin fundamentación jurídica que lo sustente, además de no permitir el ingreso de los familiares a las audiencias, aunque la Constitución Política lo consigne», argumentan.
Ante esta situación que atraviesan los 35 nuevos presos políticos, sus familiares exigen al dictadura orteguista la liberación inmediata y sin restricciones, «así como libertad para las más de 130 personas presas políticas, quienes también sufren muchas de estas violaciones a sus derechos humanos. Todas y todos son inocentes de todos los cargos imputados por la Fiscalía».
En referencia a posibles nuevas visitas, afirmaron no saber cuándo se les permitirá volver a verlos, porque no están seguros si la autoridad judicial ordenará que sean trasladados a algún reclusorio.
