La dictadura de Daniel Ortega empezó el juicio político en contra de ocho opositores, a quienes acusa de ser presuntos autores del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua. La Fiscalía informó que la audiencia preliminar se llevó a cabo el jueves, 26 de agosto, decretándose la prisión preventiva para los ya presos políticos de la dictadura.
Los opositores acusados son los dirigentes políticos José Pallais, Violeta Granera, Tamara Dávila, y el dirigente gremial José Adán Aguerri. Así como los exaspirantes presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz.
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También se acusó y giró orden de captura contra el investigador Manuel Orozco. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que la “desaparición forzada” de los encarcelados es la nueva táctica del régimen para reprimir.
Los detenidos estaban próximos a cumplir los 90 días de detención judicial. Cumplido ese plazo debían ser liberados.
El defensor de derechos humanos Juan Carlos Arce considera que el Ministerio Público es un «órgano criminal que comete delitos» contra la ciudadanía por ser una institución «capturada» por la pareja dictatorial.
Las declaraciones fueron dadas durante un conversatorio de Hora Cero, en el que participaron la exfiscal general de Guatemala Thelma Aldana, y el abogado y periodista guatemalteco, Álvaro Montenegro.
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El periodista Carlos Fernando Chamorro anunció la suspensión del programa Confidencial Radio que se transmitía, desde febrero de 2021 por Radio Corporación.
Chamorro explicó que la suspensión del programa es consecuencia de las «censuras y amenazas que el régimen impone a los medios de comunicación, a partir del proceso de criminalización» que ha iniciado en contra de Confidencial y su director.
El programa Confidencial Radio inició en febrero de este año. Foto: Confidencial.
El régimen elevó el ataque en contra del periodista galardonado y después de obligarlo al exilio tras allanamientos, confiscaciones y acoso, le abrió una causa por presunción de lavado de dinero y otros delitos penales.
Los 70 diputados orteguistas de la Asamblea Nacional consumaron la cancelación de la personalidad jurídica a 15 Organizaciones No Gubernamentales, estas se suman a las 39 oenegés que ya les habían retirado su permiso para operar en Nicaragua, entre ellas seis extranjeras -estadounidenses y europeas.
Entre las ONG desmanteladas se encuentran Acción Médica Cristiana (AMC), Fundación Xochiquetzal, Fundación Mejía Godoy, Asociación de Mujeres de Jalapa Contra la Violencia (Oyanka-Jalapa), y Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa.
El diputado costeño, Brooklin Rivera, expresó el impacto que tendrá esta nueva arremetida contra organismos sin fines de lucro en la Costa Caribe nicaragüense.
La Confederación Médica de Iberoamérica y del Caribe (Confemel) declaró su máximo apoyo a los médicos nicaragüenses que ante la persecución del régimen Ortega-Murillo han tenido que salir de Nicaragua y, en muchas ocasiones, se han visto en la obligación de trabajar en otras áreas.
Ante la situación, la Confemel solicita a los demás países, facilitar a los médicos migrantes provenientes de Nicaragua, los permisos de trabajo para seguir desarrollando sus funciones, mientras se resuelva la crisis sociopolítica; y exhortó a los países integrantes de la organización, solicitar a sus gobiernos que condenen al régimen de Ortega y le exijan respetar a los profesionales de la salud.
