Organismos defensores de derechos humanos se sumaron a la exigencia de libertad inmediata para la abogada María del Socorro Oviedo, quien fue encarcelada el 29 de julio, en la casa de su madre en el municipio de León. El Ministerio Público le impuso a la defensora 90 días de «investigación» por supuestamente «atentar contra la sociedad nicaragüense».
La demandas se enmarca en la campaña #QueLasLiberen, en la que denuncian a la dictadura de Ortega -Murillo por tener prisioneras políticas, a quienes les violan sus derechos fundamentales. La abogada se encuentra supuestamente detenida en las celdas del Complejo Judicial Evaristo Vásquez conocido como «El nuevo Chipote». A la iniciativa se suma la Articulación de Movimientos Sociales y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos.
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Oviedo está encarcelada bajo la Ley 1055 por supuestamente «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua». El Ministerio Público sostiene que la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) «ha celebrado la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos» por lo que consideran una «traición a la patria».
La abogada y defensora de derechos humanos se desempeñaba como coordinadora del área jurídica de la CPDH. En reiteradas ocasiones Oviedo fue víctima de amenazas y agresiones cuando se encontraba dando acompañamiento legal a quienes el régimen incriminaba. La campaña denuncia que «a causa de su trabajo, María (Oviedo) ha sido objeto sistemático de hostigamiento, criminalizada, detenida arbitrariamente e incluso el Estado le suspendió su licencia para el ejercicio de la abogacía».
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El director ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, catalogó la detención a Oviedo como «un ataque a la organización de derechos humanos», debido a su acción en defensa de que se garanticen y respeten los derechos humanos de las víctimas del régimen.
La defensora contaba con medidas provisionales por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero la Policía ignoró esas medidas y actuó en contra del organismo internacional, sin permitir el acceso de sus familiares y su representante legal que garanticen el estado actual de Oviedo.
