Estados Unidos, a través de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, denunció este viernes, 13 de agosto, la detención a Suyen Barahona, presidenta del partido político Unión Democrática Renovadora (Unamos), alegando que la opositora se encuentra detenida por «denunciar con frecuencia la violencia y los abusos del régimen de (Daniel) Ortega».
Como parte de la campaña #PresosPorQué, la comunidad internacional resalta el caso de Barahona, quien fue encarcelada el 13 de junio, en un día de cacería emprendida por los Ortega-Murillo a los miembros de la agrupación política que ella dirigía. En el tuit, resaltan las declaraciones brindadas por Barahona en un video grabado con anterioridad a su detención en el que expresaba «si estás viendo este video es porque la Policía ha allanado mi casa y me ha secuestrado como lo ha hecho con otros».
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Barahona fue detenida bajo la Ley 1055 por supuestamente «socavar la soberanía de Nicaragua» y por «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares», informó la Policía subordinada al orteguismo. Al igual que al resto de opositores que han sido encarcelados bajo la llamada «Ley de soberanía», la presidenta de Unamos se encuentra secuestrada y se le impuso 90 días de «investigación». Hasta el momento, en Nicaragua hay más de 140 presos políticos.
La activista fue uno de los rostros más representativos dentro de la oposición denunciando las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Nicaragua y abogando porque en el país se restablezca el orden constitucional, por lo cual demandaba elecciones libres, justas y transparentes. Actualmente, se encuentra «secuestrada» por la dictadura sin poder ver a su familia y sin acceso a su representante legal, como la mayoría de encarcelados.
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Los grupos de oposición y la comunidad internacional se han mantenido firmes exigiendo al régimen de Ortega la liberación de los presos políticos que cada vez suman más. En el contexto de las elecciones se han violado los derechos humanos básicos y políticos tanto a detenidos como a la sociedad civil, impidiendo la participación de los partidos políticos de oposición, denuncian. La administración de turno además ha inhibido a tres partidos políticos de cara a las eventuales elecciones del siete de noviembre.