El Ministerio de Asuntos Exteriores de España llamó a consultas a la embajadora de ese país en Nicaragua, María del Mar Fernández-Palacios, un día después que el régimen de Daniel Ortega acusara a Madrid de interferir en los asuntos internos de Nicaragua y, con un lenguaje violento, los señalara de no tener «una democracia perfecta».
Ante esos fuertes señalamientos, la administración de Pedro Sánchez respondió, afirmando que en el escrito «se vertían graves e infundadas acusaciones contra España y sus instituciones, así como gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales».
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El país ibérico aprovechó para restregarle al régimen sus encarcelamientos de opositores, y su deber de cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional, así como respetar las leyes internas.
La vicemandataria, Rosario Murillo, reaccionó enfurecida ante la medida adoptada por España de llamar a consultas a su embajadora. A través de la Cancillería, el régimen de Nicaragua calificó de «rabiosas, ridículas, altisonantes y falaces voces» a las autoridades españolas. Murillo leyó el comunicado, indicando que se trataba de la segunda nota que le hacía llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores de España, al que remató llamándolo «atrevido».
Cinco días después de ser despojado de su personería jurídica, el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) finalmente se pronunció y fue a través de un comunicado. El partido anunció que «interpondrán todos los recursos legales pertinentes» para recuperar su personalidad jurídica, arrebatada en cuestión de horas por el Consejo Supremo Electoral (CSE) a solicitud del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
CxL también denunció que su presidenta, Kitty Monterrey, está siendo objeto de una «medida carente de fundamento legal y que lesiona sus derechos ciudadanos» al ser despojada de su ciudadanía nicaragüense. Por su parte, Monterrey, logró salir del país con rumbo a Costa Rica.
El diputado sandinista Wilfredo Navarro advirtió que los sacerdotes de la Iglesia católica estarían cometiendo un supuesto delito electoral, luego que la Arquidiócesis de Managua manifestara que los nicaragüenses tienen derecho a optar por diferentes opciones políticas y se encuentran impedidos porque los candidatos de oposición han sido forzosamente excluidos. Esto dijo Navarro a un medio oficialista:
El reciente informe del Ministerio de Salud (Minsa) confirma el nuevo repunte del COVID-19. Del 3 al 10, la institución registró 398 casos positivos, aunque asume solo un fallecido a la semana a consecuencia del virus.
La institución todavía no informa sobre la circulación de las nuevas cepas del virus en el país. Con estas cifras, el Minsa reconoce un total de 10,251 casos y 197 muertes por coronavirus. Por su parte, el Observatorio Ciudadano COVID-19 afirma que el acumulado de casos sospechosos supera los 20 mil contagios.