El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visa a 50 familiares directos de representantes de la Asamblea Nacional de Nicaragua, fiscales y jueces del Poder Judicial.
«Como demuestran estas acciones, Estados Unidos está comprometido a promover una amplia rendición de cuentas para cualquier persona responsable o beneficiada por los ataques del régimen de Ortega-Murillo a las instituciones democráticas», señala la nota de prensa del Departamento de Estado.
Estas nuevas acciones de Estados Unidos responden a la detención de 32 líderes políticos de la oposición, incluidos siete precandidatos presidenciales, una candidata a la Vicepresidencia, dirigentes estudiantiles, del Movimiento Campesino, sector privado, un periodista y una defensora de derechos humanos.
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«Esto incluye la detención esta semana de Berenice Quezada, una valiente nicaragüense que valientemente dio un paso adelante para postularse a la vicepresidencia como candidata de la oposición a pesar de la creciente represión. Ortega y Murillo demostraron una vez más que tienen miedo de correr contra cualquiera que sientan que pueda ganarse el apoyo del pueblo nicaragüense», afirmó.
El 12 de julio se anunció la restricción de visa a los primeros 100 funcionarios del régimen Ortega-Murillo, entre ellos; diputados y familiares cercanos de esos operadores de la dictadura.
«(Esta) política de restricción de visa que se aplica a los nicaragüenses que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad en o complicidad en la represión de protestas pacíficas o abusos de los derechos humanos, y los familiares inmediatos de dichas personas», explica.
El Departamento de Estado de EEUU condena la violencia en Nicaragua. REUTERS/Jim Young
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró que Estados Unidos continuará utilizando todas las «herramientas diplomáticas y económicas para promover la rendición de cuentas de quienes posibilitan la represión de Ortega y Murillo».
En ese primer grupo entre los castigados hubo diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), a quienes les revocaron la visa de entrada a Estados Unidos. La medida que habría afectado a la mayoría de los diputados ante la Asamblea Nacional fue considerada por los afectados del partido rojo como «injusta».
«Es un castigo generalizado en el que se van justos por pecadores. Los Estados Unidos no anda viendo quién es el opositor a la hora de castigar colectivamente una institución que está siendo controlada por el Frente Sandinista (FSLN), a la dictadura de Daniel Ortega, por ahí creo que puede venir que los diputados del PLC han sido sancionados», manifestó Valmore Valladares, vicepresidente de la comisión electoral del PLC, a Artículo 66.