El Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá anunció un nuevo paquete de sanciones contra «15 personas adicionales» funcionarios del orteguismo, como parte de la respuesta internacional por la embestida represiva que ha sido desatada en Nicaragua en los últimos tres meses.
Entre los sancionados hay ministros, asesores presidenciales, diputados, altos jefes de la Policía Nacional, y la hija de la pareja presidencial, Camila Ortega Murillo.
Noticia relacionada: Estados Unidos celebra sanciones ordenadas por Canadá contra 15 funcionarios orteguistas
En la lista de sancionados figuran los jefes policiales Ramón Avellán, Luis Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina, Juan Antonio Valle y Fidel de Jesús Domínguez Alvárez; el ministro de Hacienda, Iván Acosta Montalván; los diputados: Wálmaro Antonio Gutiérrez Mercado y Edwin Ramón Castro Rivera; la fiscal Ana Julia Guido; el magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Ignacio Campbell Hooker y el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes.
Las reacciones de la comunidad internacional han sido casi inmediatas. La subsecretaria de Estado, Julie Chung, celebró la decisión del Gobierno canadiense que llega un par de días después de que Estados Unidos retirara visas a 100 funcionarios a favor del régimen.
La Sociedad Interamericana de Prensa presentó un informe sobre «la caótica situación en Nicaragua» y la «violación sistemática» hacia la libertad de prensa y expresión por parte del régimen de Daniel Ortega. El documento fue entregado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), entidad dirigida por la comisionada Antonia Urrejola.
«En Nicaragua no se respira democracia ni libertades civiles», exteriorizó el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, acompañando las distintas expresiones en demanda del respeto a los derechos fundamentales de la sociedad y el cese de la represión.

Al menos un muerto, decenas de heridos y más de un centenar de arrestados es el saldo extraoficial que se reporta en Cuba luego de la ola de protestas populares que agitaron a la mayor de las Antillas a partir del 11 de julio. Miles de ciudadanos de la isla se lanzaron a las calles en diferentes municipios exigiendo el fin de la era comunista en ese país.
Noticia relacionada: Un muerto y más de un centenar de detenidos dejan las protestas en Cuba
Se menciona que al menos una persona se ha confirmado como «asesinada» a manos de las fuerzas de seguridad del régimen comunista de Cuba, dirigido por Miguel Díaz-Canel, el heredero del poder de los hermanos Castro Ruz.
El viceministro del Interior de Cuba, el veterano general de brigada Jesús Manuel Burón, se convirtió en el primero de los funcionarios de alto nivel del Gobierno comunista en renunciar a su cargo tras la fuerte represión que ejecuta el régimen de Díaz-Canel contra el pueblo.

La renuncia estaría motivada por desavenencias con otros altos mandos de esa institución que es la encargada directa de ejercer represión contra las manifestaciones, además, prevalecieron las diferencias respecto a las medidas tomadas durante las protestas del pasado fin de semana.
La pareja dictatorial Ortega-Murillo no parece interesada en realizar su acto anual en celebración a la fecha más importante del sandinismo, el 19 de julio, la oportunidad más emblemática en la que Ortega se da su baño de masas, y cuando conmemoran el derrocamiento, mediante una insurrección popular, del dictador Anastasio Somoza. Según se lee en la campaña que desarrollan, alusiva a ese día, están llamando a sus seguidores a celebrar desde sus casas, poniendo fin, de esa manera a 41 años consecutivos del acto masivo en el que han procurado mostrar su músculo político.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a los periodistas Willih Francisco Narváez González y Alberto José Miranda Herrera, por encontrarse en una situación de riesgo en Nicaragua, informó el organismo este miércoles, 14 de julio.
La CIDH señala que ambos comunicadores independientes están recibiendo amenazas, hostigamientos y vigilancia por parte de autoridades estatales y particulares por ejercer su labor periodística.