El gobierno de Chile condenó enérgicamente la persecución penal y política desatada en contra de los precandidatos presidenciales, partidos políticos, disidentes, opositores y medios de comunicación independientes de Nicaragua. A su vez, pide la liberación inmediata de todos los presos políticos.
En un comunicado emitido por la cancillería de Chile este viernes, 18 de junio, el gobierno de Sebastián Piñera expresó su «preocupación ante el creciente deterioro del entorno político y democrático» en el país, de cara a las elecciones generales previstas para el siete de noviembre de 2021.
«La situación amenaza severamente la realización de elecciones libres, justas, transparentes y con observación internacional, afectando la legitimidad del proceso político en curso», advirtió Chile, al tiempo que señala que se pone en riesgo la vigencia del estado de Derecho y el pleno respeto de los derechos humanos en el país.
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Chile es uno de los países que respaldó la petición que hiciera Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien urgió abordar la situación de Nicaragua ante la escalada represiva del régimen, y demandó que se evalúe la suspensión de Nicaragua de ese organismo aplicándole el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana.
El 15 de junio, un total 26 estados miembros respaldaron una resolución que condena la arremetida de la dictadura, exige la liberación de los aspirantes presidenciales y elecciones libres, justas y observadas. Chile fue uno de ellos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores resalta que Chile es promotor de que esta situación sea abordada en instancias multilaterales como tuvo lugar en la reciente sesión del bloque regional.
Entre finales de mayo e inicio de junio de 2021, la justicia de Daniel Ortega ha encarcelado a 16 opositores, incluyendo cuatro aspirantes a la Presidencia de Nicaragua: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. En las últimas dos semanas, Ortega también detuvo a dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh); seis dirigentes de Unamos, a la activista Violeta Granera, al analista político José Pallais, al expresidente del Cosep, José Adán Aguerri; y recientemente al banquero Luis Rivas Anduray. Mientras ha obligado al exilio al exministro de Educación Humberto Belli.