El sancionado Lumberto Campbell y Mayra Salinas son dos de las fichas que el régimen de Daniel Ortega pretende mantener en el Consejo Supremo Electoral (CSE) de cara a las eventuales elecciones generales el siete de noviembre de 2021.
La información que el oficialismo ha mantenido bajo secretismo confirma las movidas del régimen de Nicaragua para pretender legitimar los comicios ante la presión nacional e internacional que exige comicios libres, justos y transparentes.
Sin embargo, en su intento de mostrarse con el control de ese poder del Estado, insiste en dejar a Campbell, sancionado por Estados Unidos en 2019, señalado de estar involucrado en tácticas antidemocráticas para garantizar que Ortega y sus aliados ganen las elecciones, incluido el pedido a los empleados del Gobierno a votar por el dictador y otros candidatos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Lumberto Campbell fue propuesto por el diputado sandinista Gustavo Porras, reconocido operador político de la pareja presidencial señalado de dirigir las fuerzas de choques y paramilitares, colocado en la presidencia de la Asamblea Nacional. Sancionado por el Gobierno de Donald Trump por promulgar leyes represivas. Mientras Gladys Báez fue la encargada de proponer que Mayra Salinas se mantenga en el cargo, extitular del Instituto de Turismo (Intur), trasladada al CSE en 2016.
Según el informe en manos de Artículo 66, no hecho público por el FSLN, los siete fieles nominados por los diputados sandinistas son:
Diputada Loria Dixon, propuso a Brenda Isabel Rocha Chacón
Martiza Espinales, a Alma Nubia Baltodano Marcerano
Ana Valeria Rafael Alfred, a Devoney Johaira McDavis Álvarez
Gladys de los Ángeles Báez, a Mayra Antonia Salinas Uriarte
Gustavo Porras, a Lumberto Ignacio Campbell Hooker
Osorno Cóleman Salomón, a Leonardo Bilbano Rivera
Juan Ramón Obregón y María Agustina Montenegro, postularon a Adriana Marina Molina Fajardo
Otro de los nombres que resaltan en la lista de candidatos es Cairo Amador, miembro de la llamada Comisión de la Verdad, criticada por repetir el discurso oficial y desear solapar los crímenes cometidos por el régimen en el contexto de las protestas sociales de 2018.
Cairo Amador fue nominado por partidos señalados de colaboracionistas del régimen, específicamente por los diputados Mauricio Orúe, del partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y Byron Jerez del partido Alianza Republicana (APRE), este último vinculado con delitos de corrupción. Ambos parlamentarios también postularon a Fanor Avendaño, cuyo apoyo también le fue expreso por Saturnino Cerrato, presidente del Partido Restauración Democrática (PRD) e integrante de la Coalición Nacional.
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Los cambios responden a una demanda permanente por parte de la oposición nicaragüense y la comunidad internacional. En octubre de 2020, la Organización de Estados Americanos (OEA) condicionó la legitimidad del futuro gobernante de Nicaragua a las reformas electorales, y estableció como fecha tope el mes de mayo para hacer efectivo los cambios correspondientes.
Actualmente el Poder Electoral al servicio del régimen está representado por el sancionado Lumberto Campbell, presidente en funciones, tras el descabezamiento del sancionado Roberto Rivas. En el CSE están vacantes diez cargos, siete en calidad de propietarios y tres suplentes, cuyos cargos están vencidos. A Campbell le acompañan Emmet Lang Salmerón, Luis Benavides Romero, Judith Silva Jaen, Mayra Salinas, Norma Moreno, y los suplentes Virginia Molina Hurtado, el conservador Emiliano Enríquez Lacayo, y el liberal Miguel Ángel Meléndez.
