Por segunda vez, en menos de 10 días, 95 organizaciones de la oposición se unieron para enviar una comunicación conjunta a la Organización de Estados Americanos (OEA), dirigida al secretario general Luis Almagro, para que el organismo regional «realice todas las acciones diplomáticas que estén a su alcance» para presionar al régimen de Daniel Ortega a que apruebe reformas electorales reales y que se elijan magistrados del Poder Electoral idóneos.
Las organizaciones opositores, dentro de las que se cuentan sectores de la Coalición Nacional, Alianza Ciudadana, exiliados y la diáspora, le piden a la OEA que presione al régimen de Nicaragua a que incluya las recomendaciones hechas por ese organismo en su resolución de octubre de 2020 para ser retomadas en la propuesta de reformas.
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«Las más de 90 organizaciones políticas y de la sociedad civil integradas por nicaragüenses residentes dentro y fuera de nuestra patria, convencidos de la importancia de una adecuada reforma a la Ley Electoral y el nombramiento de magistrados idóneos en el Consejo Supremo Electoral, unimos nuestras voces el pasado 22 de abril en un Pronunciamiento Conjunto para exigir la implementación de reformas electorales acordes con las planteadas por la Asamblea General de la OEA en la referida resolución, el cual adjuntamos a la presente», dice la carta enviada a Luis Almagro.
Los opositores agregan que «en seguimiento a esta iniciativa, hoy nos unimos nuevamente para realizar a la Secretaría General y a los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos, nuestro más vehemente llamado para que realicen todas las acciones diplomáticas que estén a su alcance, en el ámbito bilateral y multilateral, para demandar al régimen actual la aprobación de reformas a la Ley Electoral y la elección de magistrados electorales que garanticen el respeto a la voluntad popular».
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Asimismo, le piden al secretario general de la OEA que en las acciones a realizar tomen en cuenta la resolución de la la Asamblea General del 21 de octubre de 2020 denominando «Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas», en la cual instó al gobierno nicaragüense a celebrar elecciones libres y justas, a permitir observación electoral internacional independiente y acreditada.
En esa resolución, la OEA también llama al régimen Ortega-Murillo a implementar, «a más tardar en mayo de 2021, medidas de reforma electoral significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables».
El pasado 12 de abril, la Asamblea Nacional de Nicaragua nombró una Comisión Especial con Carácter Constitucional para Aspectos Electorales y con ello inició el procedimiento para elegir a los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electora (CSE) y aprobar una reforma a la Ley Electoral. «Los nicaragüenses hemos visto con suma preocupación que esta oportunidad histórica está siendo desaprovechada por el régimen, al proponer una reforma electoral que, de ser aprobada, profundizaría la crisis del sistema electoral», advierten los opositores.
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La firma de la carta oficial conjunta de la oposición la encabezan Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), ambos de la plataforma Alianza Ciudadana (AC), además le siguen la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), el Partido Restauración Democrática (PRD), El Movimiento Campesino (MC), el Partido regional Indígena Yatama y el movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), todos integrantes de la Coalición Nacional. También firman 90 organizaciones más que integran ambas plataformas opositoras.