El aspirante presidencial Arturo Cruz propone que tanto el gobierno de Daniel Ortega, como la oposición, inviten como «garantes de nuestro próximo proceso electoral», que está previsto realizarse en noviembre de 2021, a los expresidentes de Estados Unidos George Bush (republicano) y Barack Obama (demócrata).
La Unión Europea declaró que la reforma a la Ley Electoral y el nombramiento de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral controlado por el régimen constituyen un “retroceso” de la democracia. La OEA y EEUU también se sumaron al rechazo.
Cruz además propone que como parte de los garantes internacionales también estén el exsecretario de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon y un representante personal del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. «Así, tendríamos a personas de gran prestigio internacional que podrían ser aceptables para todos y no sólo garantizarían una transición pacífica y ordenada del poder, sino también la tranquilidad de muchos sandinistas inconformes cuando Ortega sea derrotado», opinó el aspirante, que podría inscribirse en los próximos días en la consulta interna de la Alianza Ciudadana.
El político y exdiplomático, reconocido por sus vínculos con personeros del Congreso y del Senado de Estados Unidos, alertó que «no tenemos tiempo que perder», a la vez que adelantó que «personalmente me encuentro haciendo las gestiones pertinentes para dar el primer paso en tan importante iniciativa. Les estaré comunicando los avances en este proceso. Espero contar con el respaldo y acompañamiento de diversos sectores en esta tarea, ya que garantizar unas elecciones libres y transparentes es deber de todos los nicaragüenses».
Para desafiar a la dictadura de Ortega, con su propuesta, Cruz, incluso se fue a las circunstancias de 1990, cuando la primera dictadura sandinista aceptó la observación internacional de expresidentes norteamericanos y figuras transcendentales de la ONU, con lo que dio garantías de transparencia del proceso.
«En las elecciones de 1990 se logró un traspaso pacífico del poder por la aceptación del Gobierno Sandinista y la oposición democrática, de la observación internacional. En ese proceso, destacó la figura aceptable y respetada por todos del ex presidente Jimmy Carter, que conjuntamente con Baena Soares, Secretario General de la OEA y Elliot Richardson, representante personal del Secretario General de la ONU, actuaron como ¡garantes de ese proceso electoral!», comparó el precandidato.
En su escrito, publicado en su blog personal, Cruz no titubea en señalar que el proceso electoral del próximo siete de noviembre con el de 1990 tiene dos características similares: «La desconfianza en el proceso electoral y el temor de la población a que Daniel Ortega no entregue el poder si pierde la contienda».
El lastre de Cruz
Arturo Cruz ha sido criticado desde que anunció públicamente que se lanzaría por la precandidatura a la Presidencia por que entre el 2006 y 2008 se desempeñó como embajador de Daniel Ortega en Estados Unidos; en los últimos años ha sido promotor de algo que él mismo bautizó como el «aterrizaje suave», que le podría representar impunidad a los criminales del régimen, incluyendo al mismo Ortega y su esposa, Rosario Murillo, acusados por organismos internacionales de derechos humanos como autores de crímenes de lesa humanidad, por las masacres desatadas después de abril de 2018.
Igualmente, Cruz ha sido señalado de cómplice de la dictadura porque participó con una comisión de alto nivel del gobierno y empresarios, que viajó a China para gestionar el Canal Interoceánico, un megaproyecto frustrado que terminó en nada, pero que desde el 2013 ha representado represión y crímenes estatales contra el campesinado, a quien la dictadura vapuleó y mantiene bajo amenaza de arrebatarle sus tierras.
El aspirante también fue uno de los cabilderos del régimen de Ortega en contra de la Ley Nica Act, una iniciativa legislativa bipartidista en Estados Unidos que al final fue aprobada y que implica que Washington debe usar todas las herramientas a su alcance para impedir el financiamiento internacional para Nicaragua, excepto que el régimen dé muestras de respetar las libertades fundamentales en el país.
