El grupo opositor Coalición Nacional, que aglutina a dos partidos políticos y sectores de la sociedad civil, deploró la propuesta de reformas electorales presentada en la Asamblea Nacional el lunes, 12 de abril de 2021, donde queda claro que el régimen de Daniel Ortega invocará a su Ley de Regulación de Agentes Extranjeros para impedir postulaciones de candidatos que los consideren «peligrosos» para asegurar su permanencia en el poder.
En una conferencia de prensa celebrada este martes, 13 de abril, la Coalición lamenta que «el texto introducido ante la Secretaría de la Asamblea Nacional no recoge de ninguna manera las recomendaciones contempladas en la resolución aprobada en la Asamblea General de la OEA (Organización de Estados Americanos) octubre del 2020, ni las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la misma OEA, Unión Europea y de otros organismos especializados. Tampoco están en concordancia con las contempladas en el documento de Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE), apoyadas por la inmensa mayoría de las fuerzas sociales y políticas».
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La organización denuncia que esa iniciativa solo demuestra que el retroceso a la institucionalidad democrática en Nicaragua sigue en escalada. Con ello, advierten que la dictadura no se plantea dar elecciones libres, transparentes y observadas. «El proyecto pone todo su énfasis en excluir, inhibir, conculcar derechos y evitar la competitividad de la oposición, frente a un adversario que se reserva todas las ventajas para imponer su continuidad en el ejercicio del poder obviando la voluntad popular», remarca el escrito.
José Pallais, asesor político de Fuerza Democrática Nicaragüense, resaltó que en la propuesta no está ni por cerca adecuada a las reformas propuestas por la OEA. «No hemos encontrado nada que hable de la depuración del padrón electoral, ni de observación electoral. No hemos encontrado nada que garantice la transparencia del voto. Está muy distante de las aspiraciones de los nicaragüenses», indicó el exdiputado liberal.
Mientras, Tamara Dávila, representante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), explicó que pese a que la iniciativa no se adecua a las exigencias de la oposición «seguiremos dando la batalla para conseguir las reformas electorales que demanda el pueblo nicaragüense. Vamos a seguir denunciando al régimen, esto demuestra su afán dictatorial. Nos toca seguir denunciando los atropellos. El régimen tiene nula voluntad por dar un proceso transparente».
Pese a este panorama, Pallais insiste que esta situación «obliga a hacer las alianzas electorales antes de lo que se esperaba. El tiempo se está acabando. Es ya o es nunca. A trabajar con entusiasmo en esa unidad. En cuanto a las reformas electorales es un trabajo de consenso».
La Coalición también reprochó y tachó de «improcedente pretender imponer un proceso electoral centrado en las inhibiciones a los candidatos opositores, permitiendo al dictador escoger a sus oponentes, limitando su capacidad de financiarse, organizarse y movilizarse, fortaleciendo el estado policial que han construido sobre la base de la suspensión de facto de los derechos constitucionales de los nicaragüenses».
José Antonio Peraza, miembro de ese grupo, enfatizó con ello queda en evidencia que Ortega solo apuesta por candidatos «débiles». Asimismo, señalaron que la propuesta preocupa porque perciben que el dictador no da coordenadas que propicien una salida democrática y pacífica. Igualmente, afirmaron que empezarán una campaña de sensibilización y denuncia sobre las reformas a la Ley Electoral que pretende imponer el Ejecutivo a través del Poder Legislativo.