La periodista y jefa de prensa de Radio La Costeñísima, Kalúa Salazar, denunció que 10 agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP) asediaron la mañana de este lunes, 22 de marzo, su vivienda, ubicada en el barrio Beholden, de Bluefields.
El Ministerio Público, subordinado a Daniel Ortega y Rosario Murillo, emitió un comunicado donde oficializa que la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y la activista Tamara Dávila pasaran hasta 90 días encarceladas señaladas de violar la Ley 1055, la controversial Ley de soberanía que se creó el régimen para castigar a opositores tildándolos de “traidores de la patria”.
«Yo no estaba en casa, andaba buscando a mi hija (de cinco años) en el colegio; cuando llegué me sorprendió ver a los policía asediándome una vez más», dijo la periodista a Artículo 66. Además, denunció que al disponerse a tomar fotografías a los uniformados de la dictadura uno de ellos la amenazó. «Un policía me dijo que dejara de tomar fotografías o si no (…) ¿o si no qué?, les reclamé mientras seguía tomándoles fotos y diciéndoles que son unos sinvergüenzas, que buscaran a los delincuentes».
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La periodista documentó a los uniformados cuando estaban en la acera de su casa y uno de ellos estaba con su fusil apuntando hacia el interior. Uno de los antimotines «tiene el arma dirigida para dentro de mi casa; el fusil está dentro de las verjas. En esas silla azul que se ve allí, se sienta mi hija menor, de dos años», relató.
Salazar señaló que el asedio en su contra se ha extendido desde el 2019 hasta la fecha, pero que este 2021, el hostigamiento policial ha sido casi las 24 horas del día, debido a que la periodista continúa ejerciendo su labor de informar, pese a las amenazas que sufre a diario.
«En Bluefields hay delincuencia que en las noches deja a las familias sin nada, entrando a sus viviendas y robándole todo, es allí donde la policía debería dar seguimiento, donde debería hacer su trabajo, no asediando a periodistas, no intimidando a familias completas, (…) Mucha falta hace la seguridad ciudadana que deberían dar; es una lástima que los recursos de la Policía los utilicen para ser títeres de una dictadura», reprochó la jefa de prensa de Radio La Costeñísima.
Señalada por injurias y calumnias
El 23 de septiembre de 2020, la periodista de 27 años fue declarada culpable y sentenciada a 120 días multa, por el supuesto delito de calumnias contra tres militantes del Frente Sandinista que se declararon injuriadas por una noticia relacionada con supuestos actos de corrupción en la Alcaldía de El Rama.
La comunicadora se presentó el martes, nueve de marzo, en audiencia de apelación ante la juez orteguista Deyanira Traña, del Juzgado Penal Local de Bluefields, para que se revoque la sentencia, porque afirma que es inocente de los delitos imputados.
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Kalúa Salazar firma que lo que quiere la dictadura de Daniel Ortega al montarle juicios a periodistas es enviar un mensaje a los hombres y mujeres de prensa para intimidar y no permitir que ejerzan su derecho a informar.
«Todo mundo sabe que todo esto inició por una denuncia, donde un ciudadano exigió a la Alcaldía (de El Rama) que le rinda cuenta de los impuestos de la población (…) Sin embargo el juicio tomó un giro político porque me están afectando, ya que lo único que hice fue abrirle el micrófono a un poblador que quería hacer una denuncia pública», remarcó.
Kalúa Salazar y David Quintana son los dos periodistas nicaragüenses a quienes la justicia orteguista los condenó a pagar multas arriba de los 10 mil córdobas por «supuestas injurias y calumnias»; además, los asedian y amenazan por continuar ejerciendo su trabajo periodifico.
