La descalificación del mandatario Daniel Ortega contra los Organismos No Gubernamentales (ONG) son como una «salida de baño» que pretende justificar los atropellos de su régimen en contra de las entidades que luchan por los derechos de la población, señalaron activistas este martes, nueve de marzo.
Durante su comparecencia del 8 de marzo, Ortega reiteró su discurso acusatorio contra las ONG a las que imputó de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, semanas después que su régimen consumara la apropiación de los bienes de las organizaciones confiscadas en el 201. «Y los que piden sanciones, y los que reciben dinero que se lavan a través de esos organismos, que les llaman ONG, que se han creado para recibir dinero y para desarrollar acciones terroristas, desestabilizadoras, pero ya tenemos leyes contra eso, y tenemos información sobre cómo se desarrolla el lavado… miles y miles de dólares corriendo ahí, para sembrar el terror», declaró Ortega.
Haydeé Castillo, fundadora y directora del Instituto de Las Segovias (ILLS), organización clausurada por el régimen, manifestó que Ortega «se siente entre la espada y la pared. Todo el mundo sabe, nacional e internacionalmente, que perdieron toda legitimidad. En segundo lugar, saben que han gobernado con imposición y quiere ahora lavarse la cara de la reacción que hubo en el pueblo ante el cierre de las ONG y el robo descarado de las instalaciolnes, infraestructura, equipo».
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La socióloga y activista de derechos humanos solicitó a la comunidad internacional «tomar nota» sobre la violación a la Ley que el régimen realiza de manera constante, y consideró que Ortega no tiene pruebas para tales acusaciones, pero «podrían intentar cualquier cosa» para mantener sus señalamientos.
«Las ONG rinden un informe anual al Ministerio de Gobernación (Migob) y nunca hicieron ningún señalamiento de este tipo porque todos los fondos van con sus debidas auditorías, de manera que esta es como una salida de baño, se quiere limpiar la cara, pero no tiene ningún argumento porque el Migob tiene todo el registro. Ninguna ONG trabaja a espaldas de la Ley 147 (Ley General de Personas Jurídicas sin fines de lucro), pero está claro que él (Ortega) se quiere quedar en el poder bajo la lógica de la mentira, la falsedad y criminalizar el trabajo que le enseña a la gente que tiene poder de cambiar las cosas».
Amaru Ruiz, director de la confiscada Fundación del Río, coincidió con que las acusaciones del mandatario es un intento por justificar sus actos ante la presión internacional. «Saben que lo que cometieron no prescribe, que estamos en el proceso de la justicia internacional ante la CIDH y que la presión que tiene internacionalmente es (por) organizaciones históricas».
«Me parece una soberana irresponsabilidad establecer una categoría (delitos) de esta naturaleza, las declaraciones tan contundentes alrededor que las organizaciones de sociedad civil estamos en proceso de lavado de dinero y otras acciones, cuando no existe ningún proceso de justicia real alrededor de las organizaciones que les cancelaron las personerías jurídicas, acusadas sin ningún fundamento», manifestó el ambientalista.
Resaltó que, incluso, el régimen tuvo que modificar las leyes y crear la Ley de Agentes Extranjeros para sancionar a las organizaciones, norma que fue criticada por Estados Unidos y la Unión Europea.
«Está hablando con el peso de la lengua. Tratar de justificar, porque al final no lo lo hace… Hay un cuestionamiento a lo que aprueba y lo que hizo, porque se basó primero en acciones arbitrarias y luego en la creación de una ley de esta naturaleza que pone en vilo la organización de sociedad civil, más aún cuando organizaciones internacionales se han tenido que ir del país porque no están dispuestas a cumplir toda una serie de requisitos que violan el derecho a la libertad de asociación. Esa fuga también vuelve la mirada del mundo alrededor de lo que pasa», declaró Ruiz.
En diciembre del 2018, el régimen de Daniel Ortega ordenó a sus diputados cancelarle la personalidad jurídica a nueve organizaciones no gubernamentales a las que acusó de haber apoyado la rebelión social de ese año que reclamó democracia en el país. El primer blanco fue la organización CISAS; después el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), dirigido por el politólogo Félix Maradiaga; y la asociación Hagamos Democracia y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). El régimen siguió con el Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), el Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS); el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), la Fundación del Río y la Fundación Popol Na.