El descaro del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no tiene límites. Este martes consumaron su confiscación a la redacción de Confidencial, instalaciones propiedad del periodista Carlos Fernando Chamorro. La dictadura inauguró en ese local la casa materna «Camila López» del Distrito I de Managua y como si fuera poco mandaron a colocar en la fachada la foto sonriente de la pareja dictatorial.
El edificio además lo pintaron en el «rosado chicha» que ha impuesto la sancionada vocera y vicepresidenta de la tiranía. La enviada del Ministerio de Salud para sellar la obra del orteguismo contra la prensa independiente fue Carolina Dávila, representante del SILAIS-Managua.
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El director de Confidencial y Esta Semana, Carlos Fernando Chamorro, advirtió a la dictadura que pese a esas acciones no callarán al periodismo independiente y aseguró que los Ortega-Murillo solo querían erigir «un monumento al crimen, crimen de la libertad de prensa y de la libertad de expresión», bajo una mampara de atención en salud.
En los medios del régimen circularon fotos de una sala de costura, comedor, área de manualidades y cocina como parte de los sitios que incluye la casa materna montada en las instalaciones robadas a Confidencial. El periodista Maynor Salazar, exredactor de ese medio, recalcó en su cuenta de Twitter que el régimen «no tuvo ni la decencia de comprar muebles.
Las mismas sillas en las que nos sentamos en 2018 a escribir sobre sus crímenes de lesa humanidad. ¡Cinismo total!». En esa misma línea, otros colaboradores identificaron una de las mesas del set de Esta Semana, a la que ni siquiera le quitaron el logotipo del programa. Confidencial insistió a través de su hashtag que #ElPeriodismoNoSeConfisca.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) también se pronunció y le restregó a la dictadura de Ortega que se equivoca si cree que ha ganado al inaugurar esa casa materna sobre un bien robado, porque los periodistas independientes seguirán denunciando con más ahínco y profesionalismo la caída de la dictadura. El organismo, al que también le confiscaron sus instalaciones, aseguró que el régimen y sus cómplices pagarán por cada uno de los crímenes ordenados por el Estado.
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El oficialista Canal 8 reconoció la confiscación y en un primer titular afirmó que la casa materna se había inaugurado donde «antes funcionaba un centro mediático terrorista», a como ellos le llaman. Minutos después, la orden de arriba fue cambiar el titular y se limitaron a decir que la «obra» estaba en el centro de Managua. El régimen sostiene que esos proyectos son «gracias» al Gobierno de Taiwán, quien no da cuentas de esa complicidad con la tiranía de Nicaragua.
Mientras Rosario Murillo anunció que seguirán sus inauguraciones y para el miércoles estrenarán el Centro Nacional de Diabetología «Porfirio García», otro lugar que montarán sobre la confiscación al Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade), en Carretera a Masaya.
De un solo plumazo, el dictador de Nicaragua se sacudió a uno de sus funcionarios más leales y considerado su acérrimo defensor. Ortega mandó a publicar en La Gaceta que por decreto presidencial Valdrack Jaentschke, quien ocupaba 16 cargos dentro de las filas del Gobierno, a partir del primero de marzo quedará sin ninguna competencia.
El «súper funcionario» le ha lavado la cara al régimen ante la comunidad internacional y ha abogado por el levantamiento de sanciones a cerca de una treintena de funcionarios orteguistas. Al vicecanciller Jaentschke se le adjudicaron los cargos de tres veces ministro, 10 como embajador, uno como representante internacional, otro viceministro y un puesto en el gabinete económico, de todos será despojado.