En un afán desesperado por lavarle la cara a los funcionarios orteguistas sancionados por Estados Unidos, y de paso también subirle el perfil a las instituciones que por mal servicio han estado bajo cuestionamiento, como el caso del Ministerio de Salud, el régimen mandó a la exministra de Salud y asesora presidencial Sonia Castro a ejecutar una campaña de «marketing» personalizado en las instalaciones del Complejo Nacional Concepción Palacios, donde hacen las pruebas pagadas de PCR.
En días recientes, Artículo 66 tuvo acceso a una serie de fotografías y vídeos que muestran los momentos en que la sancionada ministra asesora de la Presidencia para temas de Salud, Sonia Castro, personalmente atendía a los usuarios que acudieron ese días a realizarse la prueba de PCR para poder salir del país. Esa prueba que solo el Estado realiza, tiene un costo de 150 dólares. Castro se mostraba «atenta» regalando sobres blancos para que los ciudadanos guardaran sus certificados de PCR.
En Nicaragua solo el Estado está autorizado para realizar la prueba, y la misma se realiza únicamente en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR) ubicado en el Complejo Nacional de Salud Concepción Palacios, mismo lugar donde están las oficinas centrales del Ministerio de Salud. Pese a las constante solicitud del sector privado para que se habiliten y autoricen otros laboratorios, las autoridades de Salud no han respondido y continúan monopolizando las pruebas de COVID-19, lo que de paso ha representado una «mina de oro» para la dictadura, que tampoco rinde cuentas sobre la cantidad de exámenes que practican ni el destino de ese dinero.
Producto de esa monopolización de las pruebas PCR, recientemente se produjeron una serie de quejas de usuarios que cuestionaron la aglomeración en el CNDR, largas filas que se extendían por cientos de metros provocaron un verdadero caos en las instalaciones hasta donde tienen que acudir cientos de personas desde todos los puntos cardinales del país para poderse hacer la prueba. También hubo quejas de mal servicio y hasta malos tratos. Los usuarios tenían que esperar a la intemperie por horas para ser atendidos.
Casi de inmediato, el régimen envió a su ministra asesora Castro a hacer su conocido «marketing populista» en el que se le puedo ver a la funcionaria orteguista tratando de ser amable con los usuarios. Ella misma en voz alta llamaba a los usuarios leyendo sus nombres en los resultados y hasta «doblándoles» muy bien la hoja del examen. «Aquí los atendemos bien. Venga, le doblo su resultado», iba diciendo la ministra a las personas que estaban en el lugar para realizarse la prueba.
Es meritorio recordar que el régimen Ortega-Murillo ha desatado una campaña publicitaria «ruidosa» con el fin de elevarles el perfil a las instituciones y funcionarios más cuestionados tal como ocurre con la Policía Nacional con los cuadernos y mochilas para niños con emblemas, imágenes y frases alusivas a la institución, señalada por crímenes y violaciones a los derechos humanos.
Ahora le tocó el turno a la ministra Castro, a quien tratan de «lavarle la cara» por tratarse de una funcionaria acusada de haber impedido la atención a decenas de heridos durante las protestas sociales del 2018, algo que, en algunos casos, podría haber significado la muerte de los lesionados y también se le señala de arbitrariedades en la atención de la pandemia y en el despido del personal médico por no ser simpatizantes del partido de Gobierno.
Hay muchos delincuentes sueltos que tienen que caer presos