Familiares de Benjamín Ernesto Gutiérrez Collado (54), conocido como «Tikay», disidente de las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y la opositora Yolanda González Escobar (52), originarios de Masaya, se presentaron este lunes, 18 de enero, a las instalaciones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) para denunciar ante los medios de comunicación la persecución política del régimen de Daniel Ortega.
«Eso es un secuestro político, ya que él (Benjamín Gutiérrez) fue concejal por el PRN (Partido Resistencia Nicaragüense) en alianza con el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional)», inició declarando Wendy Gutiérrez, hija del preso político.
«Para las protestas de abril de 2018, él se niega a participar en la represión que el Gobierno quiere hacerle al pueblo de Nicaragua. Él se sumó a la lucha de los nicaragüenses, es a partir de ese momento que él es un perseguido político. Él es una persona íntegra. Mi padre nunca ha cometido ningún delito y exijo su pronta liberación», sostuvo Wendy, quien aún no logra ver a su padre desde que fue detenido el miércoles, 13 de enero, y acusado por tráfico de drogas y portación ilegal de armas.
Beymara Gutiérrez, también hija del disidente, insistió que su padre fue «entregado» por una amiga de confianza de nombre «Ángela», encargada de llevarle la comida a la casa donde se encontraba refugiado. «Según vecinos, él fue golpeado en la cabeza, ensangretado, lo sacaron amarrado y se miraba agotado (el día de la detención)».
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Pablo Cuevas, defensor de la CPDH, confirmó que «hay evidencias que el proceso penal contra Benjamín es producto de la persecución política, una víctima más de la maquinaria estatal desplegada en contra de ciudadanos que no hacen más que ejercer sus derechos políticos y constitucionales».
Con documentos en mano, el abogado aseguró que Benajmín «es cumplidor del Servicio Militar obligatorio de los años 80. También nos muestran pruebas que era miembro de una brigada de Asociación de excombatientes, y en la elecciones del 2017 fue concejal por el partido PRN- FSLN».
«Es muy curiosa ver la situación de Benjamín, dado que tres meses de haber tomado posesión como concejal y teniendo una posición muy cómoda oficial, dejó esa condición y se hizo al lado de la población para procurar reinvindicar sus derechos», resaltó Cuevas.
El organismo de derechos humanos también encontró que Benjamín Gutiérrez tiene un expediente de septiembre de 2018, que devela que fue acusado por terrorismo y otros delitos conexos junto a otros ciudadanos de Masaya, originarios de los barrios San Miguel, Monimbó y otros; y luego, fue amnistiado.
«Nunca fue atrapado producto que estuvo en la clandestinidad y en el expediente, en efecto fue aministiado, pero no se hicieron las diligencias pertinentes». Ahora lo acusan «de manera clandestina, típico de lo que están haciendo las autoridades. Han habido vulneraciones en sus derechos humanos. Estamos seguros que patentizaremos la situación de inociencia de don Benjamín, indepedientemente como concluya el proceso», agregó.
Por su parte, Yolanda González, a quien señalan nexo de Benjamín, denunció que la Policía se ha presentado dos veces a su vivienda, de manera arbitraria. «Llegan a mi casa, a agarrar lo que no es de ellos como siempre. Me acusan de tener armas, que este señor Benjamín me metió a mí, una cosa absurda, me dijeron un sobrenombre, no tengo ningún seudónimo», declaró.
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«Es una desesperación que se andan (la Policía). Son ellos los que andan haciendo las represiones, son ellos los que andan acosando a nosotros simplemente por alzar la voz, por no estar de acuerdo con ellos. Me tienen ardida, no crean que les tengo miedo. No les tengo miedo», lamentó.
La CPDH dará acompañamiento a la opositora, como acción colateral derivada de la condición del disidente y, quien sufrió allanamiento ilegal, daños a la propiedad privada y detención ilegal, señaló el organismo.
