La secretaria del concejo municipal de Wiwilí, del departamento de Jinotega, Alba Marina Cárdenas Aguilar, denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) la irrupción a las instalaciones de la alcaldía por miembros del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quienes además nombraron «de forma ilegal» a la concejal orteguista Helen Arline Toruño Rodríguez como alcaldesa y al concejal Miguel Guerrero, como vice alcalde.
Según la denunciante, a las 4:30 de la tarde del martes, 27 de octubre, los personeros del régimen rompieron los candados de los portones y se tomaron el edificio de la comuna. «Queremos hacer del conocimiento público a nivel nacional e internacional, la barbarie que se ha cometido en la municipalidad de Wiwilí, Jinotega, ya que no se está respetando la ley y se hizo uso de la violencia para usurpar la municipalidad».
Cárdenas Aguilar denunció que los concejales de la dictadura exigían que se convocará a una sesión extraordinaria para elegir a un nuevo edil, debido a que la alcaidesa liberal Reyna Esmeralda Hernández está suspendida por dos años debido a una deuda de más de 16 millones de córdobas en concepto de prestaciones a 36 extrabajadores de la comuna.
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«Yo como secretaria no podía convocar a sesión extraordinaria, porque me amparé en el Artículo 28, numeral 24 de la ley 40 (…), la cual es clara y explícita en decir que la pérdida del alcalde o de su vice alcalde solamente se puede dar por muerte, renuncia o por una denuncia por haber incurrido en malos manejos, pero no ha pasado ninguna de las acciones mencionadas, ni hay una sentencia firme, porque todavía se está en proceso de juicio».
Además refirió que «el 25 de octubre, la jefa de la bancada sandinista de la Alcaldía de Wiwilí, Blanca Neli Cerna, convocó al concejo municipal a sesión extraordinaria, pero según la ley esta señora, no está facultada para convocar a sesión, sin embargo, la bancada del FSLN se reunió a las afueras de la alcaldía y nombraron a sus alcaldes».
«No entregamos la alcaldía»
En cuanto a los rumores de que el PLC entregó la alcaldía a la dictadura orteguista, Alba Marina Cárdenas desmintió esas acusaciones. «Es falso que doña María Haydee Osuna y el PLC entregó la alcaldía. Quiero dejar claro nuestra postura, estamos llamando a la calma, porque la justicia aunque tarde, pero va a llegar»
Por su parte, el abogado Roberto Herrera, quien representa a los ediles del PLC, expresó que las acciones por parte de la dictadura de Daniel Ortega son ilegales. «De la manera más arbitraria se está usurpando la municipalidad de Wiwilí que llevó a Reyna Hernández y Manuel Blandón como alcaldes bajo la bandera del partido Liberal Constitucionalista.

Además reiteró que es el Concejo Municipal el que debe elegir a los nuevos alcaldes del municipio, «pero los que convocaron a reunión fueron los concejales de la bancada de gobierno, los que actúan de manera ilegal y arbitraria».
Herrera también declaró que recibieron información de que los nuevos alcaldes nombrados por el partido de gobierno fueron juramentados por el Consejo Supremo Electoral (CSE). «Es un acto indignante y aberrante, porque se le está quitando la legitimidad al pueblo de Wiwilí que eligió libremente a sus alcaldes liberales».
CPDH recibió denuncia
Según el abogado Marcos Carmona, de la CPDH, se está viviendo un estado de ilegalidad, donde no hay respeto a la Constitución y a los derechos humanos. «Esto inició por una demanda de extrabajadores, ahora nosotros nos preguntamos si también se condenará a funcionarios que han dejado en el desempleo a sus trabajadores y que hasta el día de hoy se niegan a pagarles, de tal manera que este gobierno es doble moral».
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Carmona informó que esta demanda quedará registrada en la CPDH, porque este es un caso político. «La municipalidad ha tenido las intenciones de pagar, pero el gobierno está actuando de mala fe y pasar por encima de la Constitución». Los demandantes afirmaron que debido a estas acciones por parte del régimen de Ortega y Murillo se quedaron en el desempleo 36 ciudadanos que demandan se respeten sus derechos humanos.
Con más razón se debe buscar la unidad de la oposición.