El régimen de Daniel Ortega podría ser declarado ilegítimo y quedar aislado junto a una serie de operadores y colaboradores sancionados por Estados Unidos, en caso de no cumplir con la reciente resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), advirtió el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dejándole claro a la dictadura que las cartas están sobre la mesa y que la administración de turno deberá decidir si cumple o ignora las demandas de garantizar democracia y elecciones libres, justas, transparentes y observadas.
El diplomático señaló que además hay varios candidatos para ser sancionados e incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro, que «no solo abarcaría al círculo presidencial, sino también a todos los funcionarios corruptos que apoyan la violación de derechos humanos. Sabemos quiénes son y vamos a hacer todo lo posible para que sean sancionados», declaró Trujillo a Canal 10 de televisión.
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El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, denunció la falta de transparencia en el manejo de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua e insistió en comicios libres y justos en el país. Este funcionario encabezó la delegación de Donald Trump ante la OEA en la asamblea general que se celebró de forma virtual el 20 y 21 de octubre y en donde emitieron una resolución poniéndole como plazo a los Ortega-Murillo hasta mayo de 2021 para tener aprobadas reformas electorales.
#AsíSeDijo: El alto funcionario de Estados Unidos Michael Kozak responsabilizó a Daniel Ortega por el mal manejo de la pandemia del #COVID19 y exigió respeto a las libertades públicas de los nicaragüenses. #Artículo66 #DerechoAInformar pic.twitter.com/kZXFc67HMP
— Artículo 66 (@Articulo66Nica) October 23, 2020
En su cuenta de Twitter, Kozak destacó que «la respuesta del régimen de Ortega es peligrosa y es un ejemplo de la persistente represión gubernamental», denuncia que acompañó con un vídeo que incluye parte de la violencia que sufren los opositores.
La delegación de la Coalición Nacional (CN) que se dirigía al municipio de San Fernando, en el departamento de Nueva Segovia, para realizar su reunión fue obligada a regresar a Managua después que un numeroso dispositivo policial les bloqueara el paso en la entrada a Ocotal y de esa manera impidiera que la agrupación política organizara sus juntas directivas en esa zona, al norte del país.
Un equipo periodístico de Artículo 66 que viajaba dando cobertura a la caravana de vehículos de los opositores constató el exagerado despliegue de más de 100 oficiales y patrullas en las cercanías del puente El Chaparral, localizado en la entrada de Ocotal. Medardo Mairena, dirigente del Movimiento Campesino (MC) y el presidente de Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) y excomandante de la Resistencia Nicaragüense en la guerra de los años 80 Luis Fley participaban de la comitiva.
El Ministerio de la Familia ordenó el 20 de octubre cerrar los proyectos de protección a madres adolescentes y de jóvenes en riesgo de Casa Alianza, entidad que lleva más de 20 años trabajando en Nicaragua. La organización anunció que apelará a la decisión del Gobierno de clausurarlos, porque consideran que pueden y deben seguir trabajando por la niñez en el país.
El argumento es que la institución supuestamente violó las normas establecidas en el marco jurídico de la nación para el internamiento de adolescentes en centros especializados y aunque el régimen estableció 15 días para el egreso de quienes recibían protección en ese centro, solo 24 horas después de la notificación, personal del Ministerio se presentó abruptamente a la residencia y se llevaron a nueve madres adolescentes y sus hijos.
Rosario Murillo que no ha dado tregua en toda la semana este 23 de octubre cerró con un discurso cargado de improperios contra los grupos opositores de Nicaragua. Pese a que habla de «amor y concordia», tachó a sus adversarios otra vez de «migajas y miserables» y los llamó «pirómanos y desalmados», culpándolos de azuzar las protestas contra su régimen en el contexto de la crisis sociopolítica que empezó en abril de 2018 y de ser los responsables de ataques a delegaciones de Policía, centros de salud e instituciones estatales. La vicedictadora también los señaló de «servir al diablo y de pillos», o sea, los calificó de ser ciudadanos con habilidad para engañar.
