La presidenta del partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey, está convencida que el trámite legal de impugnación contra el partido que preside, interpuesto por un «ciudadano liberal», carece de legalidad y que se trata de una maniobra con la que pretenden crear zozobra y distraerlos de su trabajo organizativo.
«Tuvimos conocimiento, a través de los medios de comunicación, de un escrito presentado ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) por un ciudadano (Luis Manuel Argüello), quien dice actuar en su propio nombre, solicitando que se anule la personalidad jurídica reconocida a Ciudadanos por la Libertad en mayo de 2017. Constatamos en el texto de la solicitud que esta no tiene ningún valor legal porque, además de no fundamentarla ni presentar pruebas, las impugnaciones solo pueden ser realizadas por otros partidos políticos», expone la presidenta de CxL en un comunicado.
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En el pronunciamiento, Monterrey asegura que su partido cumplió con todos los requisitos que exige el CSE para la creación de nuevos partidos políticos y que en ese proceso de formación realizaron 170 asambleas municipales, departamentales y regionales y dos convenciones nacionales. Sin embargo, en la impugnación interpuesta en las instancias electorales, el abogado de filiación liberal Luis Manuel Argüello Montiel solicita se le anule la personalidad jurídica a CxL y al Partido de Restauración Democrática (PRD) alegando que ninguna de esas dos agrupaciones políticas cumplió con todos los requisitos para constituirse en partidos políticos y especificó que uno de esos incumplimientos es la no realización de las asambleas municipales.
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«La información publicada permite evidenciar que dicho escrito no es más que una maniobra publicitaria, con el objeto de crear incertidumbre y tratar de distraernos del esfuerzo que realizamos todos los nicaragüenses en esta lucha cívica para recuperar la democracia. Los Ciudadanos por la Libertad, junto a todos los nicaragüenses que luchamos para terminar con esta dictadura, vamos a seguir enfocados en los temas de interés nacional, como son el cese de la represión, la libertad de los presos políticos, el regreso seguro de los exiliados y las reformas electorales necesarias para que podamos tener elecciones libres y transparentes», finaliza el comunicado de Monterrey, quien trata de hacer ver que la impugnación no prosperará.
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El abogado impugnante es un exasesor parlamentario de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y quien también se desempeñó como asesor de Enrique Quiñonez cuando era diputado liberal y que ahora se ha convertido en un ferviente defensor de Daniel Ortega.
Ya en el 2017, el PLC también intentó impedir la formación de CxL, cuando la organización política buscaba su personalidad jurídica. En ese entonces, el PLC aliado con el Partido Liberal Independiente (PLI), Alianza por la República (Apre), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Partido Unidad Cristiana (PUC) y el Partido Liberal Nacionalista (PLN), solicitaron al CSE revisar e impugnar a más de 400 afiliados. En aquella ocasión, la acción contra el partido de Monterrey no prosperó. Está por verse si esta vez logra sobrevivir.
