*Las campañas de prevención contra el nuevo coronavirus en Nicaragua están a cargo de iniciativas médicas y ciudadanas independientes ante una ineficiente y poco transparente política sanitaria del Estado
Noelia Gutiérrez, Maynor Salazar y equipo de Expediente Público.
Carlos* chatea o llama regularmente a sus contactos para preguntar por posibles casos del nuevo coronavirus que no haya reportado el gobierno. Su principal herramienta de trabajo es el celular. Los datos que obtiene los resume y los envía a un grupo que forma parte del Observatorio Ciudadano COVID-19, encargado de verificar sus casos con otras fuentes o voluntarios.
Las redes sociales le permiten estar conectado con amigos y conocidos en los departamentos de Masaya y Granada, porque actualmente vive en Managua. Tuvo que marcharse de su casa para evitar que su familia fuese acosada por la Policía Nacional.
Desde que inició la pandemia, Carlos ha priorizado el voluntariado con el Observatorio Ciudadano COVID-19, un grupo anónimo e independiente de activistas y médicos que monitorean la expansión de la pandemia en el país.
“En estos momentos, en ciertos lugares, nos sale más fácil contar los muertos que los enfermos”, señalaba en julio Carlos.
La idea de crear un monitoreo ciudadano de la pandemia nace por la desconfianza hacia los informes y reporte del Ministerio de Salud (MINSA), debido a la politización de la institución, en la que privan poca transparencia en sus informaciones y credibilidad en sus datos. Todo esto aunado a los despidos masivos a médicos que atendieron a opositores hace dos años, la prohibición de usar mascarillas a personal de salud y maestros y el llamado a actividades masivas.
El Gobierno anunció el primer caso positivo de coronavirus el 18 de marzo, y un mes después el Minsa aseguraba que solamente había cuatro fallecidos y apenas 10 casos confirmados de COVID-19 e insistía en que no había transmisión comunitaria porque todos los casos eran “importados”. Sin embargo, los datos del Observatorio Ciudadano COVID-19 para esa misma fecha reflejaban 17 muertes sospechosas y 327 casos posibles de contagio. A medida que pasaban las semanas, las diferencias entre ambos conteos se iban agrandando cada vez más.
La población resintió el aumento de enfermos con síntomas de COVID-19 y particularmente los entierros nocturnos a medianoche o en la madrugada en diferentes cementerios del país.
“A veces, registramos 30 muertes al día y fue bastante chocante ver cómo el gobierno seguía negando un contagio masivo en la población”, dice *Mayra, una joven que formaba parte del equipo de voluntarios.
Esa disparidad fue lo que la motivó a recopilar información ante lo que llamó el estado de negligencia y la indefensión de los ciudadanos en el contexto de la pandemia. “Sabíamos que los datos del Minsa eran falsos u omitían demasiada información”, dice.
El 20 de agosto se hicieron públicas filtraciones de las pruebas de COVID-19 realizadas por el gobierno, con los resultados de 17,249 test de RT-PCR procesadas por el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Minsa, realizadas entre el 28 de febrero y el 24 de julio de 2020, de las cuales 9.683 (56%) resultaron positivas.
El monitoreo del Observatorio había reportado hasta el 24 de julio un total de 9.075 casos sospechosos.
¿Cómo comenzó?
El Observatorio es un espacio virtual, gestionado por un centenar de voluntarios que, ejerciendo distintas funciones, aportan información sobre casos y muertes sospechosas de COVID-19 en Nicaragua. Los voluntarios incluyen médicos, organizaciones civiles y ciudadanos que decidieron organizarse a título personal.
Mario*, un voluntario de 23 años, originario del norte de Nicaragua, explica que al principio las organizaciones informaban sobre medidas de protección y algunos grupos se dispusieron a crear campañas de sensibilización llamando a una autocuarentena.
“Trasladamos el sentir de que había (que ser cuidadosos), la gente se preocupó y comenzaron a garantizar equipos de protección sostenible como mascarillas de tela o alcohol en gel”, relata. Comenzaron a hacer campañas de información para orientar a la gente en caso de presentar síntomas, según Mayra.
“Teníamos un grupo de WhatsApp con nuestros enlaces territoriales que remitían todos los casos sospechosos de coronavirus, no era información muy calificada, lo que hacíamos era dar un reporte y darle seguimiento, analizar síntomas y evolución, teníamos información de vecinos y familiares, todos esos datos en un formato específico pasan ahora al Observatorio Ciudadano COVID-19”, dice Mayra, en referencia a otra experiencia con otros grupos organizados. Ella ya no forma parte de la iniciativa.
La doctora O*, quien pidió el anonimato para poder hablar libremente sobre el tema, asegura que la ventaja de Nicaragua en cuanto al trabajo de redes comunitarias es que tiene una buena historia de voluntariado y el sector salud es el que más ha aprovechado esta disposición de la población ya sea por motivos políticos, religiosos o educativos como se demuestra en las campañas de abatización o vacunación. Recuerda que en la década de los 80 llegó a haber 350,000 “brigadistas”.
El método del Observatorio
Con ayuda de algunos mecanismos de la “vigilancia epidemiológica basada en la comunidad”, un método de salud pública utilizado con frecuencia por el Minsa de Nicaragua, el Observatorio recopila la información epidemiológica con la colaboración de los mismos habitantes de las comunidades.
“Le estamos diciendo a las personas: sabiendo que los síntomas de COVID-19 son estos y estos y que la definición de COVID-19 es tal y cual, ¿conoce usted en su comunidad a alguien que tuvo esta enfermedad? Entonces nuestras redes nos lo reportan y el equipo de médicos hace un análisis a profundidad”, comenta la doctora O, una salubrista que hace parte del Observatorio.
Los síntomas y los criterios diagnósticos que el Observatorio utiliza son los facilitados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y las agencias de salud de China.
Un caso sospechoso es aquel que cumple con la definición clínica, pero que no se ha confirmado por la prueba de laboratorio. De hecho, el Minsa se limita a señalar los casos de COVID-19 como causa de muerte en las actas de defunción o en casos excepcionales los médicos transmiten los resultados de forma oral. “No conocemos una persona a la que le hayan dado una constancia escrita del test PCR para SARS-CoV-2”, dice la doctora O.
Fuentes de información
Los comunitarios, ubicados en el 75% de los municipios del país, conforman el primer anillo de información del Observatorio y reportan a una cuenta virtual cada vez que conocen de nuevos casos sospechosos en su territorio.
La información básica que deben buscar es nombre, edad, ubicación, sintomatología, si fue atendido y por quién, sí acudió al hospital, y cuál fue el desenlace del caso.
Un grupo de digitadores se encarga de depurar la información volviendo a contactar al comunitario, verificando con otros contactos en la zona y revisando que no se haya duplicado ese caso dentro de sus reportes internos. Cada día, de acuerdo con la doctora O, reciben hasta 300 informes. Una vez verificada toda la información posible, se ingresa en una base de datos.
Otros reportes vienen de personas que directamente se contagiaron de COVID-19 o de familiares de casos sospechosos o de quienes murieron por enfermedades respiratorias cuya sintomatología coincidía con el virus. Hay quienes adjuntan a sus reportes imágenes de resultados de laboratorio, tomografías, placas o certificados de defunción, aunque esta es la minoría de los casos, según la doctora O.
Todos los miércoles a las 12 de la noche, los digitadores entregan los nuevos casos digitalizados a un grupo más reducido de voluntarios que se encargan de realizar cada jueves y viernes, una tercera ronda de control de calidad y de generar las estadísticas de la semana en curso. Un comité de redacción revisa los boletines y finalmente se difunde la información cada viernes, a través de diferentes plataformas virtuales.
El rumor como método de monitoreo
La vigilancia en salud pública tiene cinco fuentes primarias de información: notificación de casos realizada por los servicios de salud, registros permanentes de instituciones públicas y privadas, investigación de casos y brotes, encuestas y rumores, según la OPS en su manual “Módulo de principios de epidemiología para el control de enfermedades”.
Esta última fuente es la base sobre la que se sustenta la labor del Observatorio. “En un Estado donde el gobierno no da información, el rumor se vuelve relevante, porque tiene un sentido de alerta. Lo que hacemos en el Observatorio es que los líderes comunitarios verifican que hay una situación relacionada a ese rumor, que una familia tiene al papá en el hospital o un fallecido por problemas respiratorios”, expresa la doctora O.
No obstante, esta información originada en rumores tiene una respuesta organizada, que da pie a otra de las fuentes de información: la investigación de casos y brotes, que consiste en la búsqueda activa y exhaustiva de información complementaria sobre los casos reportados, de acuerdo con la misma OPS.
Por no tener acceso a las fuentes oficiales del sistema de salud público, el Observatorio se limita a estas dos fuentes de información.
Crímenes de Estado en el sistema de salud pública
La rebelión del 2018, cuando los nicaragüenses demandaron en las calles la salida de Daniel Ortega del poder, dejó encarcelamientos, asesinatos y una desconfianza total en las instituciones públicas. Durante varios meses la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Minsa, entre otras entidades públicas, obedecieron al pie de la letra las órdenes represivas del comandante Ortega.
Por aquellos meses la ministra del Minsa, Sonia Castro, ordenó a los directores de los hospitales públicos del país cerrar las puertas a los opositores que resultaron heridos en las protestas en contra de la dictadura. La decisión de la ahora asesora presidencial en temas de salud provocó que los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, la sancionaran junto a otros ministros y jefes policiales que igualmente cometieron violaciones a los derechos humanos.
El Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) en su informe sobre el periodo de protestas de abril a mayo 2018 en Nicaragua, señaló que el sistema de salud pública negó asistencia, alteró historias clínicas, dio atenciones superficiales y altas médicas apresuradas, maltrató a familiares de heridos, y finalmente despidió y acosó al personal médico que brindó atención a los opositores.
Ahora en 2020, a pesar de la política oficial de minimizar la pandemia, la firma de opinión pública CID-Gallup comprobó que el COVID-19 se había convertido en la principal preocupación de los nicaragüenses con un 31%, por encima de la falta de empleos (21%) y del régimen de Ortega (14%), según una encuesta realizada entre el 15 de mayo y el 8 de junio.
Además, el 99% dijo tomar alguna medida de prevención, por lo general el uso de mascarillas (35%) y el distanciamiento social o la autocuarentena (20%). La encuesta también reveló que el 70% no estaba de acuerdo con las medidas tomadas por el Gobierno contra la pandemia.
Por la desconfianza en el sistema público de salud, una parte de la población está evitando asistir a estos lugares por el alto nivel de contagio. “Muchas personas han decidido automedicarse, quedarse en casa y tomar las recomendaciones de los médicos”, explica Mario, voluntario del Observatorio.
Anonimato por seguridad
A pesar de que el Observatorio Ciudadano de COVID-19 tiene un sitio web, correo electrónico, número de WhatsApp, cuenta en Twitter, canal en Telegram y línea telefónica de reportes, todo su equipo de informantes, verificadores y divulgadores es anónimo. No hay conferencias de prensa ni líderes visibles, tampoco los informantes tienen carnés ni visitan casa a casa con encuesta en mano identificándose como parte de este monitoreo independiente.
Los riesgos son muy altos.
Los intentos del gobierno por centralizar la información sobre la situación del COVID-19 ha llevado a 31 despidos de médicos del sistema público en un periodo de dos meses, amenazas y persecución para activistas y promotores de campañas de prevención, e incluso a litigios penales.
En mayo de este año la dictadura despidió al menos a 10 trabajadores de distintos hospitales públicos del país por firmar una carta instando al Gobierno a reconocer la pandemia en Nicaragua y establecer medidas recomendadas por los organismos internacionales. En su misiva los doctores, enfermeras y demás personal expresaron que el débil sistema de salud estaba a punto de colapsar y que esto ponía en riesgo la vida de los nicaragüenses.
“Ortega busca intimidar y castigar a los trabajadores de la salud por tratar de proteger la salud de todos los nicaragüenses y ejercer su derecho básico a la libertad de expresión”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
A mediados de julio la abogada Claudia Medina, de la ciudad de Somoto, fue declarada culpable por el delito de injurias, al hacerse público un audio suyo en el que aseguraba que un conocido había fallecido a causa del nuevo coronavirus. “El mensaje que están enviando es que mientras el gobierno no diga que hay contagio comunitario, nadie lo puede decir y también es un delito decir que alguien murió de coronavirus”, expresó Medina al canal 100% Noticias.
Un par de meses antes, la vicepresidenta Rosario Murillo llamó “extraterrestres” a quienes, según ella, “emiten sus mensajes mentirosos, sus noticias falsas, sus campañas de pánico”, sin mencionar a nadie directamente, pero en referencia a la información que se ha divulgado de forma extraoficial sobre la situación de la pandemia en el país.
Así es que, ante la posibilidad de represalias, el equipo del Observatorio optó por el anonimato, no solo a nivel público, sino dentro de sus mismos grupos virtuales. Los informantes no se conocen entre sí, ni tampoco a los digitadores ni editoras, porque cada quien ingresa al espacio virtual con un pseudónimo. Así los riesgos de infiltraciones también disminuyen.
“La anonimidad es un acuerdo organizativo por seguridad porque conocemos la represión y persecución cuando hay narrativas distintas a las del gobierno”, expone una voluntaria del Observatorio.
A veces, reciben mensajes en las redes sociales con algunas amenazas, se han enfrentado a cuentas duplicadas y a campañas de desprestigio por parte de simpatizantes sandinistas.
Otras medidas que los voluntarios han adoptado incluyen el uso de números telefónicos nuevos, autoborrado de mensajes, redes privadas virtuales, y redoblamiento de la seguridad digital. Asimismo, en sus reportes se informa solamente del número de casos sospechosos y muertes sospechosas en cada departamento, pero no se revelan los nombres de esas personas presuntamente contagiadas o fallecidas.
“Quisiéramos que nadie estuviera en riesgo de ser perseguido por cumplir una tarea de salud pública”, dice la doctora O.
Pero su trabajo ha rendido frutos.
El 21 de julio, el director de Emergencias de la Salud de la OPS, Ciro Ugarte, confirmó a medios de comunicación que el Gobierno de Nicaragua no les estaba notificando a detalle la información epidemiológica sobre el COVID-19. Por lo tanto, aseguró Ugarte, “las fuentes no oficiales son las que se tienen que tener en cuenta para evaluar la situación y entender mejor qué es lo que está ocurriendo dentro del país”. Y una de esas fuentes, en efecto, es el Observatorio.
Otras limitaciones y retos
Aunque se ha convertido en una buena alternativa para combatir la información oficial, hay ciertos aspectos que el Observatorio no tiene del todo cubiertos.
Por cuestiones de personal y de recursos, el grupo no tiene la capacidad de dar seguimiento a la evolución de los casos que se reportan como sospechosos, por lo que muchos de esos casos, especialmente los tratados en casa y ante la inexistencia de pruebas de COVID-19, podrían haberse tratado de otras enfermedades respiratorias.
Por esta misma falta de esas capacidades humanas, el equipo se ha limitado a publicar informes una vez por semana.
Tampoco tienen registrados la totalidad de los datos sobre los casos que registran, especialmente la edad y el género. En el último reporte del Observatorio sólo habían registrado el 51% de las edades para los casos sospechosos y el 44% de las edades para las muertes sospechosas. El dato de género no se incluye en los reportes por el mismo motivo.
Otros datos importantes que se podrían recoger, según epidemiólogos y especialistas en salud pública consultados, incluyen las comorbilidades, los días de enfermedad, los pacientes críticos que se recuperaron y los contactos de pacientes o familiares en cada caso para posteriores verificaciones.
Estos datos aportarían al análisis de los grupos más afectados, que si bien se han reportado a nivel internacional, no se conocen para el contexto específico de Nicaragua.
Esther Argüello, médico infectóloga e internista nicaragüense que trabaja en el hospital Jacoby Medical Center, en Nueva York, recomendó que en sus informes el Observatorio publique en específico cuáles casos fueron informados desde centros de salud u hospitales y cuáles desde la comunidad.
“(Esto) podría dar una idea clara de cuáles son las personas que están más enfermas. Porque cuando son reportadas personas que fueron a hospitales, la información es más fidedigna porque es un personal de salud que está diciendo que han habido esos síntomas”, explica.
Otra sugerencia de Argüello es la publicación en el informe semanal de un cuadro que compare los reportes de enfermedades respiratorias publicados por el Minsa hasta antes de la pandemia, versus los casos que van hasta la fecha para comprender cuánto han incrementado los números.
“Quizás pueda entender que ese incremento, aunque no digan que es COVID-19, podría estar relacionado al virus. Eso fue lo que hicieron en EE. UU. al inicio cuando se empezaron a fijar que había más gente llegando con enfermedades respiratorias. Antes de la epidemia ya había un incremento mucho mayor respecto al año pasado”, asegura.
El periodista y experto en comunicación Guillermo Cortés señala que la forma en que se ha divulgado la información, quizás es probablemente la manera más efectiva de hacerlo por la masividad y por las restricciones que existen en el país. Sin embargo, considera que lo ideal sería que cada informe sea presentado en una conferencia de prensa o una combinación presencial y en línea, y que sea un evento formal para darle personalidad a los reportes, es decir, mayor credibilidad. Si no se puede ninguna de estas debido a la represión y por cuestiones de seguridad, podrían recurrirse a informes animados o presentados en videos cortos.
“Yo me refiero a darle a esos informes una dimensión, una estatura, una jerarquía, por la importancia que tiene. Entonces, la conferencia de prensa es una forma que ayudaría a darle esa dimensión y por tanto a que la reacción sea mayor. Siempre utilizando las redes sociales, los cibermedios y los medios tradicionales”, propone.
Método replicable
Expertos consultados para este reportaje coinciden en que el método podría replicarse en países o territorios donde no se esté informando a detalle sobre la situación epidemiológica.
Para la médico infectóloga e internista nicaragüense Esther Argüello que trabaja en el hospital Jacoby Medical Center, en Nueva York, el modelo puede ser replicable incluso en lugares donde hay limitaciones para realizar las pruebas, probablemente en países donde no están tan avanzados en temas médicos, señaló.
Al igual en aquellos lugares en donde la red sanitaria no ha respondido adecuadamente y existen redes comunitarias dispuestas a recopilar información de salud, agregó Ana Quirós, experta en salud pública, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS).
Para el doctor Carlos Quant, médico infectólogo despedido por el Gobierno sandinista, el método del Observatorio puede replicarse en países donde, al igual que en Nicaragua, se oculte información. Aunque señaló que podría ser complicado encontrar una situación parecida a la de la nación, pues en regímenes autoritarios como China o Corea del Norte, aunque existen imposiciones, se conoce algo de lo que está ocurriendo respecto a la pandemia.
“Pero no, aquí no ha pasado nada, después de tres, cuatro meses seguimos igualitos. Es más, hasta dijeron que ya la tenemos casi resuelta la epidemia, y eso no ha sucedido en países como éste. Entonces, yo creo que esta es una experiencia única, inédita, no se ha visto en ningún país y no creo que se vaya a replicar una situación como esta en ningún otro lugar, la verdad”, reflexiona.
Pero mientras la pandemia del COVID-19 continúe, y en Nicaragua no se transparenten los datos sobre la situación en el país, el Observatorio está dispuesto a seguir sus labores de monitoreo voluntario para informar a la población el avance del nuevo coronavirus.
“No podemos ser cómplices en mantener al pueblo ignorante del comportamiento real de la enfermedad”, asegura la doctora O, quien aclara que no se trata de paralizarse por riesgos inexistentes ni de ser condescendientes, sino de actuar responsablemente para que cada uno se proteja. “Pensar que alguien puede leer nuestra información y modificar su comportamiento de riesgo al conocerla, es nuestra principal motivación”.
*Nombre alterado por razones de seguridad.
**Este artículo hace parte de la serie de publicaciones resultado de la Beca de periodismo de soluciones de la Fundación Gabo y gracias al apoyo de Open Society Foundations, institución que promueve el uso del periodismo de soluciones en Latinoamérica.