Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometiera en su reciente discurso del 23 de septiembre, más sanciones en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, políticos y opositores al régimen afirman que estas posibles sanciones serán dirigidas al cirulo más cercado de la familia presidencial, debido que el gobierno sigue violentando los derechos de los nicaragüenses.
Dora María Téllez, disidente del partido político Frente Sandinista y fundadora de Movimiento Renovador Sandinista (MRS), dijo a Articulo 66 que ante las constantes acciones del régimen en contra de Nicaragua, lo que se espera es más sanciones individuales, «que son las que se han estado realizando al aparato empresarial de los Ortega-Murillo».
La opositora recalcó que esto (las constantes sanciones) van a tardar hasta que los Ortega quieran, «porque obviamente las sanciones que se establecen han sido por violaciones a los derechos humanos, por delitos de lesa humanidad, por corrupción y por violar las libertades de los nicaragüenses».
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Además, refirió que estas acciones tomadas por la administración Trump en contra del dictador Daniel Ortega, el régimen simplemente ha querido hacer a un lado, «creyendo que todo sus crímenes van a ser olvidados y puestos a un lado a nivel nacional e internacional, sin embargo no es así, porque se seguirán condenando todos sus crímenes».
Por su parte, el político José Pallais, integrante de la Coalición Nacional, expresó que el hecho de que el presidente Trump haya anunciado que se acercan sanciones nuevas en contra del régimen de los Ortega Murillo, estas estarían próximas, por tratarse de la voz de la máxima autoridad del poder ejecutivo de los Estados Unidos, del cual dependen los departamentos encargados de aplicar estas sanciones.
«Estas nuevas sanciones explicaría el compromiso del gobierno republicano de Trump para luchar en contra de la dictadura de Nicaragua que continúa violentando los derechos humanos, que continúa en la impunidad por la omisión de graves delitos como lo han denunciado los organismos de derechos humanos internacionales y que no da señales de ninguna apertura para cumplir con ninguna de las disposiciones de la carta democrática interamericana para lograr que esta crisis sea resuelta mediante elecciones libres y transparentes, debidamente observadas por la comunidad internacional».
Sanciones en contra de altos oficiales del Ejército
En cuanto a los posibles sancionados, Téllez dijo no creer que hayan más a instituciones públicas, pero sí a altos oficiales del Ejercito, como sucedió con el jefe de esa institución castrense, comandante Julio Cesar Avilés a quien señalan de ser aliado del régimen de Daniel Ortega.
«Hay que recordar que la Policía es la única institución pública que ha sido sancionada, el resto han sido empresas privadas del grupo de los Ortega-Murillo y empresas que están metidas en todo el lavado de dinero venezolano que resultó en la desaparición de ese dinero y su apropiación por parte de la familia que está en el poder. Así que es muy probable que en estos días, tal vez en el mes de octubre, pueda haber una lista adicional de sancionados por parte de la administración Trump».
La comandante guerrillera también destacó que entre los oficiales del Ejército que están siendo mencionados para recibir sanciones, en primer lugar está el oficial a cargo de la inteligencia militar en las labores de inteligencia política, «me parce que ese estaría en la nueva lista de sancionados».
Sin embargo, José Pallais aseguró que es difícil conocer quienes serán incluido en esta nueva lista de sanciones, «lo que podemos esperar es más de lo mismo, es decir, que sean dirigidas al núcleo cercano a los dictadores».
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«Estas sanciones afectarán a miembros de la familia de los Ortega Murillo o a aquellos colaboradores que más estrechamente están unidos a su régimen o a sus empresas o negocios vinculados directamente con ellos mismo. Podríamos hace un análisis y concluir que estaría tratándose nuevamente de aplicar sanciones a quienes caben en la categoría de los que ya están sancionados», aseveró Pallais.
El político hizo énfasis que en en el pasado se han sancionado a instituciones pública como es el caso de la Policía, «como a instituciones privadas como el BANCORP y otros negocios privados, pero vinculados al régimen, dueños y propietarios son miembros del alto circulo de poder en Nicaragua, por lo cual es posible que se continúen aplicando sanciones a instituciones públicas como a instituciones que son las que se han venido enriqueciendo al amparo del poder y están ligadas a los intereses familiares de los que ejercen el gobierno en Nicaragua».
El club de sancionados
Las más recientes sanciones de Estados Unidos fueron a Juan Carlos Ortega Murillo y el operador financiero José Mojica Mejía, y dos empresas ligadas a esto. La administración del presidente norteamericano Donald Trump ha impuesto esta medida a un total de 23 funcionarios, seis entidades privadas y una institución pública, ligadas a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Entre las principales figuras se encuentran la vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, sus hijos Laureano, Rafael y Juan Carlos Ortega Murillo, el jefe de la Policía, comisionado Francisco Díaz y consuegro de la pareja presidencial, el jefe del Ejército, general Julio César Avilés, la exministra de Salud Sonia Castro, el presidente de la Asamblea Nacional y operador del régimen, Gustavo Porras, así como cuatro altos mandos policiales.
Algunas de las empresas más visibles del anillo de poder de la familia Ortega, que son administradas por sus hijos y que en los registros oficiales aparecen testaferros que ya han sido sancionados, figuran el canal 8 de televisión, comprado con dinero de la cooperación venezolana, el que es dirigido por Juan Carlos Ortega; y el canal 13, que pertenece a una sociedad llamada Celeste, S.A., que aunque lo administran Camila, Luciana y Maurice Ortega Murillo, uno de los dueños en papeles es el también sancionado José Mojica Mejía.
