Más de 130 millones de córdobas, equivalente a unos cuatro millones de dólares, gastó el régimen de Daniel Ortega para adquirir vehículos en el contexto de la represión en el 2018, según el último informe del Observatorio de Compras Públicas elaborado por el colectivo Transparencia Nicaragua, publicado este j24 de septiembre.
La dictadura adquirió entre los meses de marzo a diciembre de 2018, 122 camionetas- salvo una que se adquirió la UNAN-Managua en febrero- en su mayoría doble cabina, 4×4 del año 2018 y 2019. Además de 102 motocicletas, 22 vehículos Sedan y dos microbuses. Según el reporte, en las especificaciones técnicas de las camionetas, en su mayoría, fueron solicitadas full extra y algunas con accesorios de lujo.
La solicitudes de las entregas señalan la urgencia de que se realicen en un tiempo de 15 días a mes máximo, posterior a la adjudicación. Esas fechas coinciden con la etapa de la llamada «Operación Limpieza» que ejecutó el régimen contra manifestantes opositores, en la que se observó a paramilitares y personas afines al gobierno movilizándose en las temibles «camionetas Hilux».
Del total del monto gastado en el 2018, el 84 por ciento equivalente a 109 millones de córdobas fueron para adquirir camionetas, a través de financiamiento del gobierno y recursos externos como Banco Mundial, Fondo Mundial, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), entre otros.
Las compras la realizaron 16 instituciones públicas, principalmente el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua (Marena), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Supremo Electoral (CSE), el Ministerio Agropecuario (MAG), Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) y Dirección General de Ingresos (DGI).
El reporte señala al MEFCCA como el principal comprador de motocicletas que, según información pública, durante ese periodo adquirió 47, equivalente al 53 por ciento del total de compras del régimen.
Por su parte, el Marena se dotó de 22 camionetas y cuatro motos con un monto superior a los 21 millones de córdobas, con financiamiento del Banco Mundial y la Cooperación Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). La Corte Suprema de Justicia adquirió 17 vehículos Sedan de los 20 que compró el Estado en ese entonces.
La adquisición se realizó a través de 34 procedimientos de compras públicas, en su mayoría utilizando la licitación selectiva y licitación pública, exceptuando la compra de 19 camionetas que realizó el CSE por contratación simplificada. Los proveedores adjudicados para el flote de camionetas Toyota fueron Casa Pellas y Auto Nica; y las camionetas Nissan, el Grupo Q.
Sorpresivamente ese año, la Policía Nacional no publicó ninguna compra de medios de transporte en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE), pese a que se encontraban planificadas varias adquisiciones.
Dayra Valle, de Transparencia Nicaragua, señaló que entre las hipótesis se encuentran que la Institución represiva, la compra «se planificó y no se realizó» o «se realizó y no se publicó», contraviniendo a la Ley 737 Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, que establece el principio de transparencia y publicidad; debido proceso y libre competencia.
Valle mencionó que, si acaso, mirábamos camionetas nuevas en las manos de la institución policial, posiblemente se deba a un incumplimiento. Ante la teoría de que la institución represiva se haya dotado de camionetas compradas por otras instituciones, Valle explicó que la «administración de los bienes públicos y resguardo (sería) cuestionado».
«Primero las instituciones deben responder a su finalidad. Presupuesto y ejecución. Responder por los bienes públicos. La ilegalidad de que estoy ejecutando recursos en una vía indirecta que por ende, estoy mermando a las instituciones de sus recursos. Si son trasladados, ¿Quién tiene el resguardo y la custodia? ¿Cómo voy a responder por esos recursos? Cómo voy a rendir cuentas?», explicó Valle.
En el 2019, 11 instituciones públicas del régimen adquirieron 20 camionetas, 22 motocicletas y otros vehículos como un sedan y cuatro microbuses, a través de 16 procedimientos de compras públicas con fondos únicamente del gobierno.
En ese entonces, el gobierno gastó un poco más de 28 millones de córdobas en camionetas Toyota, doble cabina, 4×4 de los años 2019 y 2020, en su mayoría. Salvo la compra que realizó la DGI de dos camionetas 4×4 de los años 2016-2018 al proveedor Operaciones Familiares SA (OFASA), destaca el informe.
El Tecnológico Nacional (INATEC), la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) y la UNAN-Managua adquirieron tres camionetas, cada una de las instituciones, concentrando el 45 por ciento de las compras de camionetas. Por otro lado, el Instituto Nacional Forestal INAFOR concentró el 73% de las adquisiciones de motocicletas con un total de 16.
Nuevamente, Casa Pellas y Auto Nica fueron los principales proveedores del régimen y la automotriz Julio Martínez, a la que se le compró una camioneta ese año. En el caso de la compra de motocicletas, la dictadura las adquirió de Velosa y Enimosa.
Ese año, la Policía tampoco publicó ni en su Programa de Anual de Contrataciones (PAC) 2019, ni en los procedimientos ejecutados, ninguna adquisición de camionetas u otro tipo de vehículos.
Excelente trabajo!! Hechos como este seguirán saliendo a la luz y no debe sorprendernos. Quienes hicieron todo este crimen pagarán x estos delitos, más temprano que tarde. Todos los dictadores asesinos, a lo largo d la historia han cometido toda clase d crímenes, son inimaginables los atropellos y abusos q han cometido, pero cuando se acaba el botín los serviles batracios descerebrados son quienes pagan x los dictadores