El Tribunal de Conciencia instalado por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano concluyó que el régimen de Daniel Ortega incurrió en un crimen de tortura a través del abuso y violación sexual contra manifestantes opositores detenidos a partir de abril de 2018 en el contexto de la crisis sociopolítica de Nicaragua. El jurado internacional se basó en los testimonios de 18 víctimas determinando que fue un actuar sistemático por agentes del Estado y que en esos actos además de participar oficiales de origen nacional también habían otros extranjeros, entre ellos, cubanos.
Pablo Emilio Téllez, de 48 años; su hijo Jader Modesto Téllez, de 27; Juan Agustín Barilla Chavarría de 29 años y sobrino de Pablo, y Augusto Eliézer Calero Lazo, de 26 años, fueron capturados por la Policía de forma arbitraria. El objetivo, según los denunciantes, era dar con el paradero de Pablo Emilio, un excontra que durante la crisis sociopolítica de 2018 se integró a las protestas».
Noticia relacionada: Así fueron las torturas y violaciones sexuales del régimen de Ortega contra manifestantes
Al comenzar la cacería de opositores por parte del régimen, se vio en la obligación de refugiarse en Costa Rica junto a su hijo. Pablo y Jader tenían siete meses de haber regresado a Nicaragua. La captura se hizo efectiva en la comunidad El Naranjo, en San Miguelito, Río San Juan. Aún se desconoce el paradero de los ciudadanos arrestados.
El abogado Marcos Carmona, secretario general de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), denunció ante el Ministerio Público el ataque del que fue víctima el 10 de septiembre por paramilitares orteguistas. Según el defensor, los adeptos al régimen, acuerpados por la Policía orteguista, llegaron a su casa en Ciudad Belén, ubicada en Sábana Grande; en Managua, agredieron y dispararon en contra de su hijo Juan Carmona, quien era acompañado por su esposa.
El defensor en primera instancia intentó interponer denuncia en la delegación policial del Distrito VI, sin embargo, la Policía le tiró las puertas en la cara. Ante la insistencia de Carmona y del equipo de defensores que lo acompañaban, al menos cinco uniformados se apostaron en la entrada y le dijeron claramente que no le recibirían la queja y que se retiraran, sin siquiera decirles el nombre del jefe que había girado la orden. La acción la calificó como un atentado en contra de su familia.
