Las medidas tomadas por la administración de Daniel Ortega, a través de sus instituciones y alcaldías, con el fin de incrementar sus ingresos, están ahogando al sector privado y a la población en general, denunciaron empresarios, cuyas quejas han desencadenado aparentes tráficos de influencias y corrupción.
Los datos de la Alcaldía de Managua registran que en los primeros seis meses de 2020 la comuna logró aumentar sus ingresos por impuestos y servicios en un 36 por ciento.
Según el cuadro comparativo, los ingresos misceláneos incrementaron un 304 por ciento, seguido por los ingresos por impuestos sobre bienes inmuebles que presentan un incremento del 83 por ciento. El servicio de recolección de basura es el tercer rubro que presentó una subida de un 30 por ciento.
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Los ingresos totales ordinarios suman más de 2,396 millones de córdobas, mientras en el mismo periodo de 2019 apenas se registraron 1,756 millones de córdobas. «Es consecuencia de la falta de una política de poder promover la inversión extranjera o inversión privada, donde se ha perdido muchos empleos y la Alcaldía (de Managua) ha dejado de percibir ingresos, por la fuente del IMI (impuesto Municipal sobre Ingreso) que se genera por la actividad económica formal de la capital. Al haber este hueco financiero, la Alcaldía ha dedicado su política en medio de las multas y los impuestos de bienes inmuebles», señaló el concejal Sellin Figueroa.
Mediante una maniobra legal, en el primer trimestre del año pasado, la Comisión Nacional de Catastro autorizó a la municipalidad aumentar el precio catastral de las propiedades, esto conllevó a que la Alcaldía pudiera casi triplicar sus proyecciones de ingresos en la fuente de impuesto de bienes inmuebles, explicó el concejal.
Toda esta situación vino acompañada de las respectivas multas que se le imponen a los contribuyentes que se han retrasado, producto de la crisis económica luego del estallido social, agregó Figueroa.
Empresario «en el ojo del huracán»
La queja pública de Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), desencadenó denuncias sobre la política arbitraria que estaría aplicando el gobierno sandinista, a través de sus instituciones, contra el empresariado.
Chamorro denunció ser objeto de una campaña contra empresarios con el particular de que su caso tiene ribetes político, luego que su esposa fue llamada a comparecer ante la justicia sandinista por el supuesto delito de defraudación tributaria a la Hacienda Municipal, lo que él calificó como «terrorismo fiscal».
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El caso de Chamorro «fue el grito al cielo» de muchos otros, indicó el concejal de Ciudadanos por la Libertad, quien asegura se han triplicado los recursos de apelación introducidos en la Comuna que, dada la correlación de fuerzas y la maquinaria de concejales sandinistas, «inhumanamente le avalan todas las imposiciones arbitrarias».
La Dirección General Legal de la Comuna recalca que garantizó 119 recursos de revisión, apelación y amparo. El documento añade que se efectuaron 20 casos en materia penal y civil (en el segundo trimestre). «En la agenda del Concejo se incluía entre tres a cuatro recursos de apelación, ahora se reciben unas 17 más», indicó Figueroa.
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica. Foto: Cortesía
«Hay una astucia legal detrás de esta administración. Hay una política por recaudar los tributos de cualquier manera», agregó. «El modus operandi es que te inventan impuestos que no existen y encima te clavan la multa», refirió Juan Sebastián.
Tras su denuncia, afirma que «vio una avalancha» de empresarios que le expresaron pasar por problemas similares. Según el opositor, la administración de Daniel Ortega sostiene un «terrorismo fiscal indiscriminado» afectando a empresas pequeñas, medianas y grandes, de sectores como servicios y de industria.
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De acuerdo con el director ejecutivo de la Alianza Cívica, los afectados son centenares, dado que las arbitrariedades no hace diferencias entre pequeños y grandes contribuyentes. «Lamentablemente alguna gente, por temor a caer preso, han tenido que hacer esto (pagar)».
Judicialización bajo las órdenes del orteguismo
Chamorro denuncia que el Poder Judicial actúa como cómplice de la dictadura y explicó que «el nueve de julio, a través del despacho jurídico Rojas y Ramírez, a través de una carta firmada por Ricardo Humberto Ramírez McNally, mi suegra, cuñada y esposa fueron advertidas y amenazadas con cárcel si no pagaban la exorbitante suma de nueve millones 478 mil córdobas».
Ramírez McNally ya es un rostro conocido por servir como abogado defensor de narcotraficantes y cercano al recaudador de la Alcaldía, Erick Canales. «Él es el eslabón entre la Alcaldía y el Poder Judicial», recalcó Chamorro.
En este caso, «la jueza Imara Castro da la cédula judicial el 21 de agosto a la 1:15 de la tarde; a las 3 de la tarde, yo (Juan Sebastián) recibo una carta de McNally. Ni siquiera ocultan y muestran descaradamente la coordinación que tienen (los abogados) con la jueza. Nosotros no recibimos una notificación del Poder Judicial, quien nos notifica la orden de captura es Ramírez McNally, a ese nivel de arrogancia y atribuyéndose funciones judiciales».
Al respecto, la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) publicó un comunicado en el que manifestó su respaldo al sector empresarial «ante las amenazas de cárcel derivadas por cobros de impuestos municipales que están siendo denunciados por los empresarios». «Consideramos que este tipo de medidas, las cuales no siguen el debido proceso son nocivas para las empresas que operan en el país, reducen su poder adquisitivo, su capacidad productiva y de inversión, afecta la generación de empleos formales y el crecimiento económico del país», señala el escrito.
Al llamado se sumó el Instituto Nicaragüense de Desarrollo, Independiente, que demandó «rectificar lo actuado y no promover conductas nocivas para las empresas».
Toma chocolate
Paga lo que debes
Las y los comerciantes de los mercados municipales son muy cumplidos con sus impuestos
Solo el pueblo Salva al.pueblo
Solo los ricos salvan a los ricos, recuerden que ya no tienen magistrados que los apoyen, Solis se fue para C R y fue quien ayudo a Irlanda Jerez con arreglo de pago y se fue debiendo mucha plata al fisco y Arto 66 defendiendo a los ricos defraudadores