La noche del 28 de julio, la institución estatal Telcor sacó del aire la transmisión del Canal 22, identificado como DifusoTv, en dos de las principales operadoras de televisión por suscripción en Nicaragua, después que Estados Unidos sancionara a la compañía de publicidad, propiedad de Juan Carlos Ortega.
Tras la medida del Departamento del Tesoro, el hijo de los dictadores intentó camuflar su negocio sustituyendo el logotipo de “Difuso TV”, por el de “Rock FM” y la programación cambió a música de ese género. Anteriormente Canal 22 transmitía programas infantiles y propaganda oficialista. Juan Carlos Ortega es señalado por la adquisición de medios de comunicación con el dinero de los nicaragüenses y con los fondos provenientes de la cooperación venezolana.
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La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) informó que, han realizado gestiones internacionales para pagar las pruebas de COVID-19 que la dictadura de Daniel Ortega está exigiendo a más de 500 nicaragüenses varados en la frontera de Peñas Blancas. Violeta Granera detalló que un equipo de Costa Rica ha logrado que un laboratorio llegue a la frontera a hacerles las pruebas a los nicaragüenses.
Cada prueba tiene un valor de 77 dólares, y hasta ahora ya se logró conseguir para realizárselas a unos 66 compatriotas. Por su parte la activista Ana Quirós adelantó que para la realización de estas pruebas tratarán de priorizar a «mujeres embarazadas, niños, mujeres y varones de la tercera edad y personas que padecen enfermedades crónicas».
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El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, pidió a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que done unas 600 pruebas de COVID-19 al Gobierno de Costa Rica para que se las realicen a los nicaragüenses que tienen más de una semana de estar truncados en la frontera. Aguerri agregó también que la pronta solución a los connacionales varados aportaría a la seguridad de los ciudadanos y evitar un conflicto entre los costarricenses.
El gobierno de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Salud (Minsa), anunció su nuevo negocio: cobrar la suma de 30 dólares por la vacuna de la fiebre amarilla a los ciudadanos nicaragüenses que la requieran para viajar a países donde exigen ese requisito para poder entrar. Hasta el 28 de julio esa vacuna era gratuita.
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El Minsa justificó su negocio argumentando que ha aumentado la demanda de personas solicitando la vacuna porque «requieren viajar a países en riesgo de transmisión de ese virus. La persona interesada deberá presentarse a las instalaciones del Complejo Nacional de Salud del Conchita Palacios los días lunes, miércoles o jueves y se la podrá aplicar siempre y cuando lleve su cédula de identidad, pasaje de vuelo y el comprobante del pago de los 30 dólares.
El Subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, condenó a través de Twitter “los últimos esfuerzos del régimen de Ortega para intimidar a los medios independientes, en León y en otros lugares”.
We condemn the Ortega regime’s latest efforts to intimidate Nicaraguan independent media in Leon and elsewhere.
Nicaragua’s brave journalists have shown that they will continue to tell the ugly truths that the regime so desperately wants to hide.
— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) July 29, 2020
Las declaraciones del funcionario surgen después que el director de Radio Darío, Aníbal Toruño, denunció asedio policial y el decomiso de vehículos a trabajadores de su emisora, por parte de la Policía orteguista en León; y después de las denuncias del periodista Gerall Chávez de que ha sido blanco de amenazas por parte de las estructuras de la dictadura en Carazo. Kozak resaltó que “los valientes periodistas de Nicaragua han demostrado que continuarán contando las feas verdades que el régimen desea ocultar tan desesperadamente”.