Gobierno costarricense acogerá a los nicaragüenses que rechace el régimen Ortega-Murillo

Ante la situación de al menos 600 nicaragüenses que cumplieron una semana de estar varados en la frontera de sur entre Nicaragua y Costa Rica, en «condiciones precarias», según constató la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) por la negación del régimen orteguista de autorizar su ingreso al país; este martes, el Ministerio de Salud costarricense informó que la administración de Carlos Alvarado admitirá a los ciudadanos rechazados.

De acuerdo con la información, el gobierno del país del sur estableció nuevos lineamientos generales para el egreso de personas hacia Nicaragua, en el que indica que «la persona que sea rechazada por la República de Nicaragua por cualquier situación relacionada con temas sanitarios (presentar sintomatología, rechazo de la prueba PCR, u otros de ese tipo), podrá ser admitida en Costa Rica, en virtud de que no se materializó el egreso».

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También remarca que el ciudadano una vez rechazado debe solicitar inmediatamente a la oficina de la Dirección General de Migración y Extranjería la anulación del egreso, los actos administrativos colaterales que se hayan emitido a su egreso. «En caso de no hacerlo así no podrá esa institución anular las eventuales medidas sanitarias de impedimento de ingreso emitidas contra la persona al momento de su egreso», aclara el lineamiento.

Indolencia. Dictadura de Ortega mantiene trancado el paso a los nicaragüenses que intentan, desde hace cinco días, pasar por el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Los compatriotas están aguantando las inclemencias del sol y la lluvia frente a la indolencia del régimen. pic.twitter.com/FHGVnXRGBM

— Artículo 66 (@Articulo66Nica) July 24, 2020

El 24 de julio, la Dirección General de Migración y Extranjería costarricense anunció que exigiría la prueba COVID-19 negativa a todos los migrantes nicaragüenses y costarricenses que quieran salir de su país con destino hacia Nicaragua.

«El Gobierno de Nicaragua está violentando el derecho constitucional» de los nicas

En el comunicado emitido por la CPDH se detalla que entre los 600 connacionales hay niños, mujeres embarazadas, jóvenes y personas desde la tercera edad que desde el 18 de julio soportan sol, lluvia, y duermen en cartones reclamando su derecho constitucional de ingresar al país.

En ese sentido, afirman que el Gobierno de Nicaragua está violando ese derecho al impedirles entrar al país y exigirles presentar una prueba COVID-19. «Los ciudadanos que están en la frontera demandando su ingreso, intentan ingresar al país, por las dificultades económicas que hacen imposible su sobrevivencia, sino tienen dinero para pagar su alimentación, vivienda y salud, menos tendrán dinero para pagar una prueba que el costo es mayor a 100 dólares», aprobada por una Resolución Ministerial de las autoridades sanitarias de Nicaragua.