La Articulación de Movimientos Sociales (AMS) denunció que la política oficial del Gobierno de Nicaragua ante el manejo de la pandemia del COVID-19 demuestra su «desprecio» a los nicaragüenses al exponerlos al contagio del virus y que ha dejado como consecuencia la pérdida de al menos cincuenta profesionales de la salud.
El organismo destaca que la irresponsabilidad de la dictadura supera los niveles de cualquier país de América Latina, debido a que la administración Ortega-Murillo continúa promoviendo aglomeraciones, cerrando las fronteras a sus propios ciudadanos y minimizando la pandemia.
Esta poca importancia también ha cobrado la vida de los mismos profesionales de la Salud. «Nicaragua ha perdido con la pandemia del COVID-19 a personas que dedicaron largos años de su vida a formarse como profesionales de la Salud y adquirir la experiencia necesaria para afrontar las más difíciles situaciones en defensa de la salud de la población», dice la misiva.
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En cuanto a los decesos de los profesionales de la Salud, el organismo detalla que el 10% eran mujeres, el 34% graduados en medicina general, quienes en su mayoría trabajaban en centros departamentales dirigiendo o atendiendo a la población, y que realizaban prácticas privadas con altos niveles de exposición al SarsCov-2 que provoca el COVID-19.
Seguidamente explican que el 66% de los que fallecieron tenían una o más especialidades y trabajaban en hospitales públicos y privados. “Ocho eran especialistas en cirugía general, cuatro en ginecología y obstetricia, tres en oftalmología, tres en pediatría, dos en cirugía maxilofacial, dos en dermatología, dos en ortopedia y traumatología, dos en medicina interna, dos en psiquiatría, anestesiología entre otros”, detalla.
La Articulación afirma que el “régimen pudo haber evitado estas muertes si las autoridades hubieran asumido la responsabilidad de salvar vidas y proteger la salud de la población, como indica la Organización Panamericana de la Salud (OMS)”.
Por otro lado, la AMS exige a la dictadura que cumpla con las recomendaciones de las organizaciones regionales y mundiales de la salud que detecte los brotes del virus. “Que haga pruebas, que les dé seguimiento a las personas afectadas y a todas aquellas con las que se relacionaron, que no promueva actos masivos, que fomente el distanciamiento social y el uso de mascarillas entre la población y que adopte medidas de protección económica para los que trabajan en el sector informal y los pequeños negocios”, concluye.
Por su parte, el régimen orteguista a través del Ministerio de Salud (MINSA) reconoce 3,439 casos confirmados, 108 fallecidos y 2,492 recuperados desde que se registró oficialmente el primer paciente positivo el 18 de marzo. Esos datos contrastan con los del Observatorio Ciudadano COVID-19 que en sus estadísticas señalan que hasta el 22 de julio habían 8,755 casos sospechosos y 2,487 decesos.
